A partir de 1999 la criminalidad registra un sostenido aumento en la provincia de Santa Fe. Ese dato surge de estadísticas oficiales y manifiesta un fenómeno que se desarrolla al mismo ritmo que en el resto del país y es indisociable de las transformaciones económicas, sociales y culturales que sufrió la Argentina en la última década. Esas cifras, sin embargo, no describen la verdadera gravedad del problema: se refieren sólo a los delitos que el sistema penal está habituado a registrar y que involucran a los sectores más pobres de la población, mientras quedan en la sombra los numerosos ilícitos que no se denuncian. Tales son algunas de las principales conclusiones de "Inseguridad urbana en la Provincia de Santa Fe. Hacia un diagnóstico sobre el problema de la criminalidad", un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral.
El estudio, de inminente edición en libro, estuvo a cargo de Máximo Sozzo (coordinador), Graciela Gándaras Costa, María del Pilar Gándaras Costa, Gustavo González y Hernán Olaeta. Tras una pormenorizada reflexión teórica y metodológica sobre la cuestión criminal, los investigadores presentan las estadísticas policiales sobre la criminalidad en Santa Fe y las analizan a la luz de su evolución en el tiempo, de los registros obtenidos en el resto del país y de indicadores sociales.
Los autores sostienen la importancia política de la reflexión sobre la criminalidad. "Gobernar la cuestión criminal -dicen- implica no sólo gobernar la producción de comportamientos en la vida social que son considerados problemáticos o negativos para determinados individuos o grupos sino también implica gobernar su definición como criminales a partir de procesos complejos de interacción social dentro y fuera del sistema penal. Implica gobernar instituciones: policía, justicia penal, prisiones. Pensando en estos términos, la empresa de gobernar excede claramente en complejidad la vieja tarea de «luchar contra la criminalidad», planteando una necesidad de mirar desde otro lugar frente a las antinomias ético-políticas que esa metáfora carga consigo".
Problemas de registro
La estadística oficial no agota el problema. Allí sólo aparecen los delitos normales, "los que el sistema penal comúnmente procesa, algunos de los delitos típicamente realizados por los «sujetos débiles» económica y socialmente, hoy individuos que «no tienen un lugar bajo el sol»".
En ese sentido, la estadística oficial deja de lado lo que se llama la "cifra negra de la criminalidad": los delitos que no son registrados ni oficializados por las agencias estatales. La falta de motivación de los ciudadanos para hacer denuncias (porque la víctima teme alguna consecuencia o considera que el daño ocasionado es demasiado leve o piensa que las policías son inefectivas u hostiles) o ciertas intervenciones de la policía o el ministerio público, al desechar denuncias, producen ese fenómeno. La cifra negra varía de acuerdo a los delitos: es baja en homicidios, robos a bancos o robo de automotores y alta en delitos sexuales o ciertos robos, como el abigeato.
Los registros oficiales pierden realidad también por su "carácter manufacturado": las estadísticas dependen de las decisiones tomadas por miembros de la institución policial y judicial, en función de parámetros variables a través del tiempo.
"Aún nos encontramos lejos de poder contar, en las instituciones estatales, con sistemas de información adecuados, confiables y accesibles, tanto en lo que se refiere a las estadísticas sobre la criminalidad como -y tal vez más pronunciadamente- a las estadísticas sobre el sistema penal", dicen los investigadores de la UNL. En ese marco, se preguntan "si es posible conocer la cuestión criminal en nuestro país si no poseemos información cuantificada básica -adecuada, confiable y accesible- sobre sus diversos componentes" y a la vez "si es posible, en el marco de esta ausencia de información cuantificada básica, construir un gobierno de la cuestión criminal que sea verdaderamente democrático".
En busca de explicaciones
Además de constatar el aumento de la criminalidad, los autores del estudio proponen una reflexión. Siguiendo al criminólogo Jock Young, plantean que la explosión del delito es un fenómeno cuyo sentido sólo puede comprenderse en el marco de las transformaciones económicas y culturales de los últimos años.
Según Young, el proceso implica el paso de una "sociedad incluyente" a una "sociedad excluyente". La primera se identifica con el período de consolidación del llamado Estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por la intervención activa del Estado en la vida económica y social.
Esa sociedad se desestructura a partir de las transformaciones económicas de la globalización y su secuela de altos niveles de desocupación y aumento de la desigualdad social. En el plano cultural, al mismo tiempo, se verifica el auge de una cultura que resalta el pluralismo de elecciones individuales entre diferentes "estilos de vida", la inmediación, el hedonismo y la autorealización como componentes estructurales de la sensibilidad humana en el marco de una "sociedad de consumo", con altas expectativas materiales.
De esta manera, las sociedades actuales son excluyentes en el plano económico y social y a la vez incluyentes en el nivel cultural. Se conforman así "sociedades bulímicas", que degluten a sus miembros y al mismo tiempo los expulsan. El aumento de la criminalidad sería un efecto de la combinación de estos cambios económicos y culturales actuales.
Según los investigadores, "el delito se da donde hay inclusión cultural y exclusión estructural: el delito no es el resultado de una carencia de cultura, sino de abrazar una cultura del éxito y del individualismo. No es la privación absoluta per se, ni la falta de oportunidad la que da lugar al delito, sino la privación en el contexto de la cultura del sueño americano donde la meritocracia es exhortada como abierta a todos".
Si esos cambios son visibles, el "individualismo negativo" como rasgo cultural es aun más evidente ya que "la presión hacia el éxito y su identificación con el consumo como patrón general es fácilmente constatable en numerosos ejemplos que atraviesan nuestra vida cotidiana y ciertamente genera un onda «inclusiva» aun de aquellos sectores sociales que padecen el fenómeno de la exclusión material y social, que se transcribe en demandas instrumentales o expresivas -frente al fracaso en la satisfacción de las primeras".
La teoría se corresponde con datos contundentes. Según la medición de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el aglomerado urbano de Santa Fe-Santo Tomé, en octubre de 2001 el 44,6% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 16,1% subsistía por debajo de la línea de indigencia. En el aglomerado urbano Rosario-Gran Rosario, había un 41,2% de la población por debajo de la línea de pobreza y un 15,7% por debajo de la línea de indigencia.
Esas cifras revelan, de acuerdo a los investigadores, que desde 1990 a 2001 la tasa de desocupación aumentó más del triple en Rosario y casi el doble en Santa Fe.
"Estos indicadores sociales nos demuestran que el proceso económico descripto por Young como elemento configurador de la transición contemporánea ha tenido en la Argentina y en particular, en la Provincia de Santa Fe, un impacto más brutal todavía que el evidenciado en los países industrializados", señalan los investigadores de la Universidad del Litoral.
La Ciudad
