Bogotá. - Al menos dos personas murieron y otras 36 fueron heridas al explotar ayer un coche bomba cerca del comando central de policía de Bogotá y de la Casa de Nariño, la sede del gobierno colombiano, que vive momentos de gran tensión con el conflicto guerrillero y paramilitar enquistado en las principales ciudades del país. El atentado se produce cuatro días después de que entrara en operaciones el Cuerpo Elite Antiterrorista (Ceat), integrado por 212 agentes cuya misión es realizar operaciones para prevenir, neutralizar e investigar a personas u organizaciones armadas sindicadas de cometer actos de violencia en Bogotá.
La bomba, compuesta por 50 kilos de anfo (un explosivo de poder similar a la dinamita) estaba oculta en el baúl de un taxi que desconocidos dejaron en un lavadero de autos contiguo a las instalaciones de la seccional de la policía judicial (Sijin) y del comando de la institución, informó por su parte el director de la policía nacional de Colombia, general Luis Alfredo Rodríguez Pérez. El automóvil explotó en momentos en que un empleado se disponía a lavarlo. La otra víctima fatal es un joven de 18 años que prestaba el servicio militar en la policía. La explosión causó también inmensos daños en las edificaciones policiales y en establecimientos comerciales vecinos.
El gobierno ofreció una recompensa de casi 36.000 dólares a quienes suministren información que permita la captura de los autores del ataque, que fuentes oficiales atribuyeron a las Farc.
Registros casa por casa
Después de la explosión, unidades de elite de la policía iniciaron registros, casa por casa, en diferentes zonas del sur de Bogotá, para tratar de capturar a los autores, supuestos rebeldes de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según fuentes militares, unos 600 efectivos de un comando elite irrumpieron en una populosa zona del sur de Bogotá, donde ejercen influencia las Farc. La ofensiva fue ordenada por el comandante de la policía en Bogotá, general Jorge Castro, quien señaló que sus hombres realizarán operaciones de registro, en procura de dar con el paradero de los responsables del atentado.
La capital colombiana fue blanco de una impresionante escalada de ataques explosivos el pasado 7 de agosto, en momentos en que asumía la presidencia de Colombia el liberal disidente Alvaro Uribe, partidario de la "mano dura" contra la guerrilla. La ola de ataques, que las autoridades atribuyeron a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), fue dirigida contra la Casa de Nariño, una escuela de formación de oficiales del ejército y otros sitios en Bogotá, y dejó 21 civiles muertos, además de 70 heridos.
El atentado en Bogotá se produce de manera simultánea con ofensivas de las autoridades en Medellín y Cali, segunda y tercera ciudades colombianas, respectivamente, en busca de debilitar las organizaciones de milicianos de la guerrilla y de los paramilitares de extrema derecha, que en los últimos años han ido ampliando su influencia en sectores populares. Un analista señaló que "la guerrilla ha perdido capacidad de acción en las zonas rurales debido a las nuevas tecnologías, que permiten detectarlos en zonas abiertas y por ello se han trasladado a las ciudades, donde le es más fácil disimularse entre la población.
Toque de queda y ley seca
En Medellín, donde la situación es más crítica, comenzó a regir el toque de queda y la ley seca, tras los enfrentamientos entre las fuerzas oficiales y milicianos de izquierda de la semana pasada dejaron 15 muertos, unos 34 heridos y más de 170 arrestados. Según fuentes de la administración local, las medidas entraran en vigencia desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana, como estrategia para controlar el accionar de los grupos armados ilegales que actúan en el sector de la Comuna 13 de Medellín, que agrupa a 20 barrios, con más de 100.000 personas.
Además, efectivos del ejército, la policía y la fiscalía ocuparon ayer un vasto sector popular de la ciudad colombiana de Cali, al suroeste del país, como una medida para "prevenir alteraciones del orden público como ocurrió en Medellín", según informó una fuente oficial.
En Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia con más de 2 millones de habitantes, operan comandos de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de los paramilitares de ultraderecha, que combaten a la guerrilla con la que se disputan el control de los varios suburbios de la ciudad.
Efectivos del ejército desactivaron en tanto dos cargas explosivas instaladas por rebeldes de las Farc en inmediaciones de una escuela primaria de la población colombiana de Tauramena. Los artefactos, cargados con 20 kilos de dinamita, estaban dotados de "dispositivos especiales" para su activación, dijo el mayor José Martínez, quien coordinó las tropas que participaron en la operación. (Télam, DPA, Reuters y AFP)
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