Santa Fe. - La diputada Alicia Tate y la concejala Marta Fassino, expresaron su preocupación por el ascenso a la categoría máxima de la administración pública en la Dirección de Comunicaciones al funcionario Enrique Colon, con un sumario sin resolver desde 1997 en la Fiscalía de Estado por acoso sexual y está adscripto a la Subsecretaría de Medio Ambiente.
El hecho, revelado por La Capital en su edición de ayer, generó un particular revuelo en la Casa Gris y no poco fastidio en el entorno del gobernador Carlos Reutemann, quien hace varios meses fue informado de la situación por Luisa Franco -una de las víctimas- y habría dado instrucciones a la Secretaría General para que se resolviera este problema, que estalló durante la gestión de Jorge Obeid y ahora afloró nuevamente al saberse que Colon fue confirmado como director general, cargo que subrogaba pero no ejercía.
Precisamente, este último dato fue uno de los más molestó y mereció la censura de parte de legisladores, ya que no fueron pocos los que se han preguntado "cómo puede ser que se ponga a la firma del gobernador un decreto en el que junto a unos 30 agentes confirmados, aparezca el de Enrique Colon, con un sumario pendiente y graves acusaciones".
Alberto Alonso, un funcionario político enrolado en el reutemismo, señaló a este diario que el caso Colon debió ser resuelto en 1997 en un plazo estipulado de seis meses durante el gobierno de Obeid, ya que hay suficientes elementos como para tomar una decisión en relación a las acusaciones que pesan sobre el funcionario.
"Sin embargo, y ya sobre el final de octubre de 1999, el secretario general Julio Barberis decidió ampliar por 90 días el plazo para la instrucción del sumario a Colon, con lo cual le trasladó el problema a Reutemann", se encargó en recordar.
Durante esos años, Alonso ratificó denuncias de personal femenino sobre el trato que Colon tenía con el personal de esa dirección, que tornaba imposible una convivencia de trabajo en la repartición.
El otro elemento que también causó reacciones adversas es el tiempo transcurrido desde la sustanciación del sumario, y que aún no haya una resolución cuando ya transcurrieron más de seis años y no existe un dictamen de la Fiscalía de Estado por diferencias que oscilarían entre una exoneración o una sanción disciplinaria.
Fuertes críticas
El caso del supuesto acosador provocó una severa reacción en legisladoras capitalinas, entre ellas la radical Alicia Tate, quien expresó que "resulta preocupante que un señor con un sumario sea ascendido", agregando que "existe una ley de acoso sexual y no puede ser que con un sumario desde 1997 y pruebas que parecen contundentes, se le otorgue como premio el máximo de la carrera administrativa".
Por su parte, el diputado Federico Reutemann, autor del proyecto sobre acoso sexual, admitió no conocer el caso y pidió tiempo para conocer en detalles este proceso aunque condenó cualquier tipo de acción de estas características.
La concejala del socialismo Marta Fassino consideró al episodio como una "barbaridad", afirmando que "las autoridades hacen caso omiso de la legislación vigente y no tienen en cuenta el cumplimiento de la ley de administración pública".
De acuerdo a la ley de acoso sexual, la Defensoría del Pueblo mediante el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, lleva un registro especial sobre la identidad de aquellas personas que resultaron sancionadas por este tipo de hechos.
La Ciudad
