Bogotá. - El gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, creó comandos de élite para enfrentar a los rebeldes y paramilitares que operan en diversas ciudades, mientras líderes humanitarios temen que la urbanización de la guerra derive en graves violaciones a las garantías básicas. Según el jefe de la policía nacional, el general Teodoro Campo, el grupo élite antiterrorista que opera en Bogotá y Medellín será extendido a las otras urbes de Colombia donde actúan los grupos armados ilegales.
En el caso de Bogotá, ciudad de más de seis millones de habitantes, el Cuerpo Elite Antiterrorista (Ceat) está integrado por 212 agentes, que tendrán la misión de realizar operaciones para prevenir, neutralizar e investigar a personas u organizaciones armadas, se informó. Campo dijo que esos efectivos fueron entrenados en labores de inteligencia, manejo de explosivos y lucha contra el secuestro, lo cual les permitirá "desarrollar procedimientos de reacción inmediata en operaciones de alto riesgo".
"Asimismo, tienen preparación exclusiva en ejecución de procedimientos policiales de registro, allanamientos y otros que conduzcan a la captura de responsables de actos terroristas", agregó. Otro comando del Ceat y miles de efectivos del Ejército operan desde el miércoles último en Medellín para tratar de desalojar de la populosa Comuna 13 a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el ELN y a los paramilitares de extrema derecha, enemigos acérrimos de la insurgencia.
En la operación de la Comuna 13, ordenada personalmente por Uribe, murieron unas 15 personas, entre civiles, militares, policías y supuestos guerrilleros urbanos. Medellín -la segunda ciudad del país- con unos dos millones de habitantes, fue escenario ayer de una campaña dinamitera en varios barrios elegantes, con saldo de al menos cuatro heridos y grandes daños materiales en viviendas y locales comerciales, incluido un gimnasio repleto de gente.
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, advirtió el jueves último que las tropas de élite y las otras fuerzas gubernamentales se disponen a trabajar "más duro en las zonas urbanas donde hay milicias de los paramilitares y la guerrilla y van a entrar allí para defender a los colombianos y evitar al máximo que se repita la situación de la Comuna 13 de Medellín".
"No habrá santuarios"
La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, señaló por su parte día que "no habrá en nuestras ciudades ningún santuario para los terroristas ni ninguna zona vedada a las autoridades legítimas". Uribe prometió enfrentar con mano dura a los grupos armados ilegales, que en total suman más de 30.000 combatientes, financian su guerra con el narcotráfico y los secuestros y se están desplazando de las selvas hacia Bogotá, Medellín, Cali y otras grandes ciudades colombianas, según las autoridades.
No obstante, el mandatario expresó su intención de dialogar por la paz con los guerrilleros de las Farc y el ELN y con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), enemigos acérrimos de la insurgencia. Un comando urbano de las Farc desató una campaña dinamitera en la capital el pasado 7 de agosto -mientras Uribe asumía como presidente-, la cual afectó inclusive a la Casa de Gobierno y dejó 21 muertos y unos 70 heridos.
Las autoridades afirman que los guerrilleros y paramilitares se están camuflando entre los cientos de miles de desplazados por el conflicto armado interno que se han asentado en suburbios marginales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y otras ciudades.
Diversos líderes humanitarios colombianos, como Teresa Bernal y Jorge Rojas, expresaron su temor de que la urbanización de la guerra y la política de seguridad de Uribe -que también incluye la creación de una red de un millón de informantes del ejército- derive en violaciones a los derechos humanos. (AFP)
La Ciudad
