Diputados buscan destrabar venta de un reactor

La Cámara avanza en una solución para que el Invap construya una central atómica en Australia

La aprobación del acuerdo que da marco legal al contrato que el Invap (Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado) firmó con Australia para construir un reactor nuclear en ese país puso en la Cámara de Diputados en la encrucijada que se intentará zanjar antes que termine el año.
Una importante fuente parlamentaria indicó que se está avanzando en la búsqueda de una posición intermedia que no implique el rechazo del acuerdo ni su aceptación sin condicionamientos. La salida, gestada en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, contemplaría una cláusula de reserva en el convenio por la que se garantice que no ingresarán al país los residuos del reactor para su procesamiento.
El diputado socialista Rubén Giustiniani, aclaró, sin embargo, que el tratado "se vota por sí o por no", por lo que única forma superar la controversia sería que el Estado "renegocie el tratado".
El convenio, que el Senado aprobó el año pasado a libro cerrado, tiene giro a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía, donde la polémica transversal que generó en el PJ y la UCR frenó hasta ahora la emisión del dictamen.
La reacción negativa se funda en una cláusula secreta del contrato que puso en alerta a ONGs ecologistas locales -empezando por Greenpeace- y parte del arco político, ya que admite que en el futuro la Argentina tenga que encargarse del reprocesamiento del combustible gastado por el reactor australiano.
Quienes defienden el compromiso asumido por el Invap sostienen que se trata de una posibilidad única para que la Argentina se posicione seriamente en el mercado mundial de la energía nuclear.
La crítica central de diputados críticos y ecologistas es que el artículo 12 del contrato se opone al artículo 41 de la Constitución, que prohíbe expresamente el ingreso al territorio nacional de "residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos". "Aceptar que la Argentina reciba los residuos producidos por el reactor va en contra de la Constitución y abriría la puerta a un negocio altamente peligroso", insistió Giustiniani.
Además apuntó que no es cierto que el contrato reportará a la Argentina 180 millones de dólares, ya que "más de la mitad, 92 millones, son para la obra civil que se está haciendo en Australia".
Cabe señalar que la no ratificación del acuerdo por parte de la Argentina no implicaría un impedimento para la realización y puesta en marcha del reactor, sólo dejaría en suspenso la posibilidad de que dentro de 14 años (en 2016) se trate el combustible gastado en el país. (DyN)