La implementación del sistema previsional de carácter mixto en 1994 significó un cambio importante en la historia previsional argentina, al delegar parte de sus responsabilidades al sector privado. Sin embargo, a sólo ocho años de su creación, el sistema atraviesa una crisis de importantes dimensiones al no cumplir con la mayoría de los objetivos que se había propuesto.
Todo sistema previsional debe tener como fin principal cubrir las contingencias de invalidez, vejez y fallecimiento para el mayor número de trabajadores al menor costo posible, pudiendo a la vez, promover el crecimiento económico. No obstante, ni uno ni otro objetivo son alcanzados hoy por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
Con respecto a la cobertura del sistema, medida desde los beneficiarios, sólo un 70% de la población mayor de 65 años cobra una pensión y/o jubilación, lo que en un contexto de envejecimiento progresivo de la población resulta sumamente grave. Desde una perspectiva de largo plazo, sólo el 28% de la Población Económicamente Activa está acreditando derechos para un haber futuro.
Lo anterior, sumado a la falta de transparencia tanto en la gestión de Ansés como en las AFJP, los bajos e inequitativos haberes y una evasión previsional del orden del 70% obligan a analizar las causas de esta crisis y proponer cambios en la materia sin más demoras.
Entre los errores cometidos al momento de la reforma deben señalarse una visión cortoplacista, la sobrestimación de la capacidad de este nuevo sistema no sólo de reducir la evasión a través de una estrecha relación entre aportes y beneficios sino de generar un círculo virtuoso: ahorro-inversión-crecimiento-mejores salarios-mayores haberes; claramente hoy ausente, y la subestimación de los costos del período de transición entre el antiguo sistema y la plena vigencia del nuevo, lo que requería disciplina fiscal y una administración eficiente de los recursos públicos.
Entre los factores que explican la crisis y que no son atribuíbles al diseño del sistema y/o su implementación, deben señalarse el alto desempleo y la expansión de la economía oculta en los noventa. Ambos agravaron la situación financiera del sistema haciéndolo cada vez menos contributivo, es decir, financiado en forma creciente con recursos generales lo que, no permitió aumentar los haberes actuales y trasladó un problema a las generaciones futuras quienes deberán financiarlo.
Se necesitan soluciones a largo plazo
La superación de esta nueva crisis del sistema previsional requiere en primer término que las soluciones tengan una visión de largo plazo, que hagan el sistema sostenible y transparente. Es necesario reformar de manera integral el sistema mixto actual y desechar la opción de regreso a un sistema de reparto que ya había colapsado en 1993. Y, contrariamente a lo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, no sólo debería quedar eliminada la opción al sistema de reparto para los afiliados a capitalización, sino para todos los futuros ingresantes al mercado laboral tal como lo muestra la tendencia mundial.
De esta manera, se proponen cambios en los dos pilares que componen el sistema vigente. El pilar redistributivo, que se materializa a través de la Prestación Básica Universal (PBU) debería ser reemplazado por una garantía de pensión mínima puesto que, no sólo muy pocas personas tendrán acceso a dicha prestación en el futuro, lo que en un contexto de baja cobertura es indudablemente preocupante, sino que es regresiva y resultará muy costosa para toda la sociedad en los próximos años.
Preservar el ahorro
Con respecto al pilar de ahorro, a cargo de las AFJP, se deberían emprender reformas que tiendan a preservar el ahorro de los trabajadores bajo reglas claras y estables. Esto significa darle una mayor independencia a las AFJP del gobierno, así como evitar las presiones políticas y arreglos discrecionales que alientan la inestabilidad del sistema.
Se requiere, a su vez, redolarizar los activos de las AFJP para darle mayor credibilidad y certidumbre al sistema, evitando así, el aumento de reclamos judiciales con el consecuente costo para toda la economía. Por otro lado, la reducción del costo administrativo acompañada de un proceso de difusión de información previsional, será necesaria si se desea incentivar el aporte de los trabajadores, así como también, una modificación en su cartera de inversiones que disminuya gradualmente la concentración de los fondos en títulos públicos que actualmente supera el 65%. En relación a este último punto, será imprescindible otorgarle al trabajador una mayor participación en la inversión de sus propios aportes según sus preferencias de rentabilidad y riesgo.
Queda claro que la reconstrucción de la previsión social de nuestro país demandará esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad y quedará condicionada a la evolución de la economía argentina.
La Ciudad
