La Justicia ordenó ayer el desalojo de los jóvenes que ocupan el ex Rawson

Los estudiantes se niegan a abandonar el inmueble

El juez Horacio Benvenutto dictó ayer la orden de desalojo del ex sanatorio Rawson que está tomado por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El subcomisario de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Hugo Miñez, se hizo presente ayer frente al inmueble de Sarmiento 1421 y notificó al abogado de los jóvenes, Norberto Olivares, y al presidente del centro de estudiantes de Humanidades, Denis Vilardo, la resolución judicial donde se instruye a la policía para que desocupe el inmueble. Los agentes policiales fueron abucheados por casi un centenar de militantes que durante el trámite cortaron el tránsito. "Hasta tener una respuesta del Rectorado no nos vamos", advirtió Vilardo.
Hace más de dos semanas que un grupo de estudiantes, oriundos de diversas localidades aledañas a Rosario, ocuparon el ex sanatorio Rawson con la pretensión de convertirlo en un albergue estudiantil. De este modo, comenzaron a exigir al rector de la UNR, Ricardo Suárez, una respuesta a los universitarios que no pueden solventar sus estudios en la ciudad. Más aún, el propio Vilardo responsabilizó en la edición de ayer de La Capital al propio Suárez ante un posible desalojo por la fuerza.
"Esta es la respuesta que tenemos, en vez de venir a dialogar con nosotros nos mandan las TOE y la orden de desalojo", se quejó el dirigente estudiantil.
Luego de recibir la notificación judicial, el abogado Olivares se dirigió hacia Tribunales para hacer su descargo. La estrategia de la defensa de los estudiantes que ocupan el ex sanatorio es la negación de la figura penal de usurpación por la que Benvenutto dio la orden de desalojo.
"Hay jurisprudencia que indica que si los propietarios no se han ocupado del inmueble y han demostrado abandono del mismo no se puede hablar de usurpación si alguien lo ocupa", afirmó el letrado. Sin embargo, admitió que el caso se dirimirá en la Justicia y también reconoció el derecho de los propietarios a pedir que se les restituya el inmueble. "Ellos piden por sus derechos, y nosotros invocamos los nuestros", apuntó.