Endurecieron sanciones por falsas denuncias sobre electores

Marcelo Carné / La Capital

Con el voto de la bancada oficialista y el rotundo rechazo de los bloques de la oposición, el Senado santafesino sancionó definitivamente anoche un proyecto, originado en Diputados por el legislador justicialista Juan Demaría, que modifica la ley de residencia.
El senador del PJ Joaquín Gramajo inscribió la sanción de la norma, que endurece las sanciones por falsas denuncias contra aquellos electores que votan en una localidad distinta a la de su real lugar de residencia, "en el camino elegido por el gobierno provincial para mejorar el sistema político de Santa Fe". Pero los opositores Pablo Cardinale (PDP) y Alberto Beccani (UCR-Convergencia) objetaron el texto legal por "inconstitucional" y "significar un claro retroceso del régimen electoral", respectivamente.
La ley de residencia establece un período "dentro del cual los partidos políticos reconocidos o cualquier elector inscripto tienen el derecho a pedir al tribunal electoral la exclusión, tacha u observación de electores que figuran en las listas provisionales", ya sea porque hayan muerto, estén inscriptos más de una vez, inhabilitados para emitir el sufragio o no residan efectivamente en la localidad en la que fueron anotados. En este último caso, se impone al denunciante la obligación de aportar las pruebas documentales y/o informativas en las que se funda.
Cuando la impugnación sea rechazada por el tribunal al considerarla "maliciosa", su responsable será pasible de multa. En el caso de personas físicas y a partir de la modificación legal avalada por el Senado, también podrán ser sancionadas con la pena de inhabilitación para ejercer derechos electorales (votar y ser elegido) y cargos públicos por el lapso de uno a tres años.
Según argumentó Cardinale, dichas atribuciones conferidas al tribunal para aplicar severas sanciones a los falsos denunciantes "son claramente inconstitucionales porque avanza sobre el Código Penal y la legislación de fondo".
"Con la inversión de la carga de la prueba para evitar las denuncias abusivas se va en contra del propio denunciante y se desvirtúa el sentido de una ley que funcionó desde su sanción en pequeñas localidades con el objetivo de evitar que la gente que no reside efectivamente en un determinado lugar elija sus autoridades", concluyó.
A su turno, Beccani fundamentó el rechazo de las dos bancadas del radicalismo a la aprobación del dictamen de mayoría. "Su sanción es un claro retroceso", definió.
Desde el oficialismo, el senador Ricardo Olivera defendió la aprobación de la iniciativa "como una forma de atemperar los abusos en las falsas denuncias, que en algunas poblaciones superó el 50 por ciento".
Tras reconocer que "es difícil lograr un equilibrio sobre esta cuestión", enfatizó: "Lo que se quiere evitar es que cualquier ciudadano tome un padrón y haga una impugnación masiva con malicia o defienda una posición política partidaria".
Olivera ejemplificó con el caso de la localidad de Videla, ubicada en el norte de Santa Fe. "Sobre 88 electores impugnados en una votación a presidente comunal se probó que 80 eran falsas", sentenció.