En momentos en que el propio presidente Eduardo Duhalde sembró dudas sobre la realización del comicio general del 30 de marzo ante las dificultades que podrían derivarse de las sucesivas resoluciones judiciales, el Ejecutivo nacional apeló ayer el fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría que declaró inconstitucional las internas abiertas y simultáneas previstas para el 15 de diciembre.
La apelación fue presentada por el Ministerio del Interior ante el juzgado de Servini de Cubría, quien debe ahora resolver si acepta o rechaza el reclamo gubernamental.
El gobierno tenía plazo hasta el lunes para hacer efectiva la apelación, ya que los tiempos judiciales marcan cinco días hábiles de plazo una vez recibida la notificación oficial del fallo, pero decidió adelantar la presentación.
El texto de la apelación presentada por el gobierno es breve y meramente técnico, según dijeron fuentes gubernamentales, ya que recién a partir de su aceptación o rechazo por parte de la magistrada, el PEN debe fundamentar su posición.
En esa tarea, para la cual el gobierno cuenta con otros cinco días hábiles de plazo, se encuentran ahora trabajando los técnicos del ministerio que conduce Jorge Matzkin.
El fallo de Servini de Cubría suspendió la semana pasada las internas del 15 de diciembre y dejó en manos de cada partido la decisión sobre su propio comicio interno para designar a sus candidatos presidenciales.
En ese marco, el consejo nacional del PJ, hegemonizado por el menemismo, salió el martes a ratificar la fecha del 15 de diciembre para realizar su interna.
Cronogramas en riesgo
Los tiempos judiciales, a partir de la apelación, podrían poner en riesgo los cronogramas legales para la realización de las elecciones internas, que deben hacerse noventa días antes de los comicios generales, según el Código Electoral.
En la misma noche del martes, el propio Duhalde salió a advertir que existe el riesgo de que no se hagan las elecciones generales convocadas para el 30 de marzo del 2003, por las dificultades que podrían desprenderse de los sucesivos fallos judiciales.
En ese marco, el jefe del Estado ratificó su decisión de abandonar la Presidencia el 25 de mayo próximo, y anunció que esta semana convocará a la Asamblea Legislativa para que acepte su renuncia indeclinable.
En caso de que la elección se postergue, la Asamblea se vería obligada a elegir a otro presidente porque Duhalde aseguró que "sí o sí" se irá el 25 de mayo, en un intento por terminar definitivamente con las versiones que señalan su supuesta intención de prolongar su estadía en la Casa Rosada hasta diciembre del 2003 para completar el mandato de Fernando de la Rúa.
En la misma línea que Duhalde, el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, también hizo ayer referencia a las acciones judiciales en marcha que podrían desembocar en una postergación de los comicios presidenciales del 30 de marzo.
Mientras tanto, los precandidatos presidenciales, funcionarios del gobierno y dirigentes políticos reclamaron ayer la conformación de una nueva junta electoral para fiscalizar los comicios internos del justicialismo, ante la duda que dejó ayer el vicepresidente del consejo nacional del PJ, Rubén Marín, al anunciar la continuidad del actual organismo de control hasta que se defina la nueva junta.
El primero en plantear un cuestionamiento fue el precandidato José Manuel de la Sota, quien insistió en que hay que crear una "nueva" junta electoral partidaria y no que se agreguen representantes de los distintos precandidatos a la que ya está en funcionamiento.
"He escuchado cada macana que no tienen nada que ver con lo que se habló, porque yo planteé junta nueva y ahora parece ser que no la hay y que los precandidatos agregaremos a la que está nuestros representantes y eso no es justo", afirmó el cordobés.
Por su parte, Adolfo Rodríguez Saá, si bien aseguró que va a participar en la interna, expresó su temor a una falta de transparencia en los comicios si la junta electoral no se cambia totalmente.
Desde el gobierno, el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, sostuvo que la actual junta electoral "está por definición literal, muerta", y aseguró que "acá no hay nadie que graciosamente pueda decir que ya está resuelto, que vamos a concederle a tal o cual persona participación".
En cambio, para el menemismo la resolución del consejo es satisfactoria, ya que el senador Eduardo Menem consideró que "salió todo muy bien" y "fue un ejemplo de cómo debe actuar un cuerpo colegiado dentro de un partido".
La Ciudad
