| | Editorial Corralito y reactivación
| Uno de los mayores obstáculos, sino el principal, que deberá sortear el gobierno en su búsqueda de reactivar la economía argentina paralizada desde 1998 es el a esta altura tristemente célebre "corralito" de los depósitos bancarios. Es que la virtual confiscación de ahorros que padecieron numerosos ciudadanos se convirtió en una auténtica bofetada a la confianza pública y sus nefastos efectos tardarán años en disolverse en el olvido. Sin embargo, no fueron pocos quienes oportunamente optaron por convertir sus depósitos reprogramados en Boden (bonos del gobierno nacional en dólares), fundamentalmente aquellos cuyo vencimiento se producirá en el lejano año 2012. Y para ellos es que ahora se ha habilitado una opción que les permitirá disponer de su capital, si bien con una notoria pérdida de valor en relación con el monto originalmente depositado. Pero en el actual marco de recesión, con elevados índices de desempleo, la iniciativa gubernamental de reabrir la compra de automóviles, maquinaria agrícola y viviendas a construir con los mencionados bonos debe ser valorada como positiva, en tanto constituye una apuesta por la reactivación dentro de un marco que, aunque hay indicios de que tiende a aclararse, continúa siendo en extremo complejo. La iniciativa, que podría ser extendida también a la adquisición de propiedades y bienes del Estado, tiene impreso el cariz de una salida de emergencia dentro de una situación que no concede muchas elecciones. Obviamente, el mayor interés por la implementación de esta operatoria proviene de los concesionarios de automóviles, que en los últimos meses vieron cómo las ventas de cero kilómetro descendían hasta niveles alarmantes. La orientación de la medida, dentro del actual cuadro de situación, parece correcta. Sin embargo, acaso requeriría de un complemento. Es que los graves perjuicios que sufrieron los ahorristas cuyos dólares fueron convertidos en bonos de un Estado que se encuentra en cesación de pagos ameritarían que sus papeles fueran tomados a un valor mayor que el del mercado a fin de concretar las operaciones. Se trataría, en este caso, de una mínima y justiciera compensación para quienes se transformaron en los principales chivos expiatorios de la crisis económica argentina.
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