Absolvieron a empleados de Tránsito

Una agente judicial los acusó por desaprobar el examen de conducir de su hijo

La Cámara Penal confirmó el archivo de una causa en la que una funcionaria judicial acusó de abuso de autoridad a los médicos e inspectores de la Dirección de Tránsito municipal simplemente porque desaprobaron el examen de su hijo para obtener el carné de conductor. La resolución dejó en una posición incómoda a una defensora oficial que hizo un escándalo ante los inspectores con el propósito de que modificaran su decisión y finalmente extendieran la habilitación.
La funcionaria acompañó a su hijo a hacer el trámite y cuando lo desaprobaron exigió por escrito que lo volvieran a evaluar ese mismo día. Como no tuvo éxito fue hasta un juzgado y obtuvo una orden para que su pedido fuera satisfecho. Ni así obtuvo la respuesta que esperaba y entonces denunció a los inspectores.
Fracasó otra vez. Al principio un juez de primera instancia y ahora la Cámara Penal dijeron que los funcionarios de Tránsito no cometieron ningún delito sino todo lo contrario: hicieron su trabajo. Y archivaron la denuncia.
El fallo de la Cámara es contundente: "La asignación de funciones judiciales exige la mayor prudencia y un exquisito cuidado para que nuestras actitudes no sean susceptibles de interpretarse como una encubierta y abusiva fórmula de influencia sobre otros poderes del Estado".
El texto destaca además la "imparcialidad" que debe caracterizar a quienes tienen que evaluar la idoneidad de las personas para conducir autos. "Por ello no parece adecuado que la Justicia interfiera sin contar con indicios fehacientes de arbitrariedad en la tarea de un organismo como la Dirección de Tránsito", escribió el autor de la resolución, Ramón Ríos. Sus colegas Juvencio Mestres y Humberto Giménez lo avalaron.
El episodio ocurrió el 25 de junio. Ese día fue con su hijo a rendir a Tránsito y lo reprobaron. Primero exigió que volvieran a evaluarlo y no tuvo éxito. Después quiso conocer el contenido del examen y al negárselo armó un escándalo.
Obtuvo una medida cautelar: según una jueza, los inspectores debían tomar una nueva prueba. Ni así los agentes municipales dejaron de cumplir con su obligación y la mujer no toleró el desplante. Fue y los denunció penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de una orden judicial. El juez correccional Edgardo Bistoletti no vio delito sino cumplimiento fiel del poder de policía que las leyes confieren a la repartición municipal. Ríos y sus colegas coincidieron.