Cullen hace un juicio contra la emergencia santafesina

El abogado constitucionalista Iván Cullen realizará en los próximos días una nueva presentación judicial contra el descuento a trabajadores activos y pasivos establecidos en la ley de emergencia económica y previsional de la provincia.
Cullen indicó que su presentación -la solicitud de una medida cautelar- apuntará a que la Justicia disponga la suspensión de los descuentos salariales a unos cuatro mil agentes provinciales en virtud del reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Tobar.
La resolución del máximo tribunal declaró ilegítimo el recorte del 13% aplicado a los trabajadores nacionales durante el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa.
La Corte basó la ilegitimidad en el efecto inflacionario sobre los salarios y en el indeterminado plazo de vigencia de la norma de emergencia nacional, condición que -según argumenta Cullen- también se da en el caso de la emergencia económica y previsional sancionada por la Legislatura en 1999 y actualmente prorrogada hasta diciembre del año próximo.

Emergencia ratificada
La presentación del constitucionalista surgió luego de que el gobernador Carlos Reutemann ratificara la semana pasada la continuidad de la emergencia económica y previsional en la provincia hasta diciembre de 2003.\En esa oportunidad, el primer mandatario desmintió que la provincia haya recibido 120 millones de pesos para paliar el déficit previsional.\La reacción del gobernador fue en respuesta a un ex director de la Caja, Eduardo Cóceres, quien había sostenido que en 2001 ingresaron a la provincia 60 millones de pesos y otros tantos en Lecop enviados por la Nación para paliar el déficit previsional.\Por otra parte, el ministro de Hacienda, José María Candioti, indicó que "la emergencia económica y previsional se propicia porque nuestra Caja de Jubilaciones es deficitaria. La provincia junta 430 millones y gasta 560".\Esto significa aportar al sistema previsional unos 211 millones en los últimos cuatro años (1999/2002). Los contribuyentes (empleados activos y pasivos) contribuyeron con 116 millones y la Nación con 21,4 millones.