El juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez comenzará a tomar testimoniales a presuntas víctimas del terrorismo de Estado, oportunidad en que se juzgarán las responsabilidades penales que pudieran caberles al ex magistrado federal Víctor Hermes Brusa y a los ex policías Mario Facino, Eduardo Ramos, Juan Perizzotti, Héctor Colombini y María Eva Aebi o Aevis.
El 14 de agosto pasado, el magistrado había dispuesto anular las leyes de obediencia debida y punto final con la finalidad de poder indagar a los cinco ex policías provinciales. Esas controvertidas normas no beneficiaban a Brusa por ser civil.
Por ellos había pedido sus extradiciones el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, medida denegada por el gobierno nacional. El titular del Juzgado Central Nº5 de la Audiencia Nacional de Madrid los había acusado de ser autores de los delitos de terrorismo de Estado en concurso real, privación ilegítima de la libertad, usurpación de estado civil y torturas. Todos estos hechos habrían ocurrido durante la última dictadura militar argentina, según las denuncias de las propias víctimas. El juez Garzón además los había procesado.
Al no haberse accedido al pedido del magistrado hispano, el fiscal federal santafesino Alejandro Luengo reclamó que Rodríguez indague a Brusa y a los ex policías, puesto que el Estado argentino debe juzgarlos en el país por los delitos que el juez español los había requerido.
En todos los casos desde las 10, el jueves prestará testimonio Anatilde Bugna y el viernes Stella Vallejo. El lunes 21 declarará ante Rodríguez el rosarino José Schulmann, el martes 22 lo hará el santafesino Carlos Pacheco y en días sucesivos los denunciantes Ana María Cámara, Patricia Traba, Rubén Maulín, Beatriz Poy, Patricia Isasa, Susana Molina, Roberto Cepeda y el ex diputado provincial Orlando Barquín.
El fiscal Luengo le había pedido a Rodríguez que tomara estas testimoniales, calificando a los testigos como "sobrevivientes, personas que fueron sometidas a torturas" durante la dictadura.
Isasa, Schulmann, Pacheco y Cámara han sostenido que Brusa asistió a los interrogatorios ilegales, Bugna denunció que Eduardo Ramos la secuestró. Los restantes han señalado a Juan Perizzotti como el responsable de la Guardia de Infantería Reforzada, lugar que -según los testigos- era uno de los campos clandestinos que funcionaba en Santa Fe durante los años de plomo.
Los antecedentes
Durante la dictadura Brusa se desempeñó como secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, mientras Colombini fue oficial auxiliar en la Jefatura de Policía de la provincia y años más tarde llegó a ser jefe de Drogas Peligrosas, pero terminó siendo exonerado por sus antecedentes.
Facino, actual presidente comunal de San José del Rincón, actuó primero como comisario de la seccional 4ª de policía de la capital provincial -considerada también como un centro clandestino de detención- y luego como responsable del Comando Radioeléctrico. Ramos fue oficial ayudante del Departamento de Informaciones Policiales y en el 2000, por sus antecedentes, fue exonerado de la Municipalidad de Santa Fe.
Perizzotti estuvo al frente de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1978 y 1980, y Aebi o Aevis fue su secretaria en el período apuntado. La Guardia también fue considerada un centro clandestino de detención.
La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final respondió a la petición formulada por Luengo, quien sostiene que los cargos que se le imputan a esta gente son delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
Inicialmente la causa tramitada en España había llegado al titular de la Cámara Federal de Capital Federal, Germán Molde, y el fiscal Eduardo Freiler remitió la denuncia al Juzgado Federal de Santa Fe. En la circunstancia se produjeron los apartamientos de las fiscales federales Griselda Tessio y Cinthia Gómez, recayendo el caso en el fiscal Luengo.
En su oportunidad el juez Rodríguez había interpretado que las leyes anuladas "avasallan no sólo el ejercicio del deber estatal de investigar y reprimir los presuntos delitos, sino también y fundamentalmente el de los propios imputados, y que esas normas implicaron una valla infranqueable para la investigación de los posibles ilícitos cometidos por civiles y militares", relacionados con los episodios que se deben investigar, "sumergiéndolos irracionalmente en la justificación y asegurando impunidad a quienes retransmitieron o cumplieron órdenes".
También consideró que "ambas leyes padecen de vicios insuperables pues constituyen privilegios repugnantes" y que dado que se trata de delitos de lesa humanidad, no existe posibilidad alguna de que se concrete ninguna prescripción. Esto señala que el magistrado hizo suyos los argumentos de Luengo.
Los seis imputados podrían quedar detenidos dado que los delitos que se investigan no son excarcelables.
Cabe referir que el primer juez federal que declaró la inconstitucionalidad de las leyes aludidas fue el hoy camarista Gabriel Cavallo. También hubo un fallo similar en Salta, y en Córdoba la fiscal Gabriela López formuló igual petición ante el juez federal, pero éste aún no se ha expedido.
La Ciudad
