El Senado daría sanción definitiva pasado mañana al proyecto de ley que deroga las jubilaciones de privilegio, sin realizarle modificaciones al texto aprobado oportunamente por Diputados, pese a que la semana última, durante la aprobación en general, muchos senadores presentaron disidencias. Pese a las diferencias existentes entre senadores, magistrados, diplomáticos y obispos, finalmente éstos perderían sus regímenes especiales, al igual que los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Senado deberá realizar el miércoles el tratamiento en particular del proyecto de ley que deroga los regímenes jubilatorios especiales y determina por un año el tope de 3.100 pesos netos para quienes actualmente tengan el beneficio, en el marco de la emergencia económica. Los puntos más controvertidos son la afectación de los regímenes de los jueces y de los diplomáticos, así como el cuestionamiento a la prohibición que pesa sobre los jubilados respecto de trabajar en la actividad privada. Los senadores que se debaten entre una y otra posición toman en cuenta el grado de litigiosidad, el cual se generaría a partir de su sanción para defender o proponer una modificación a la norma. Esta, justamente, es la hipótesis planteada por el Poder Ejecutivo para advertir sobre un posible veto. Sobre el costo que traería la litigiosidad en caso "de que se afecten los derechos adquiridos de los jueces", el mendocino Raúl Baglini (UCR) presentó una serie de cifras en pos de alertar a sus compañeros para que no aprueben una medida "que tendrán que pagar todos los argentinos". En contrapunto con su ex compañero de banca, Rodolfo Terragno cuestionó que "hay una valoración diferencial con respecto a la litigiosidad, porque cuando se redujeron salarios y jubilaciones y se pesificaron las deudas en dólares no se tuvo tanto cuidado en la litigiosidad". Terragno criticó que, si bien Baglini "sostiene que no hay que gobernar por señales", los senadores "derogaron la ley de subversión económica y restablecieron el cram down para darle una señal al Fondo Monetario Internacional". También los peronistas Cristina de Kirchner y Eduardo Menem mantuvieron amplias diferencias al momento de interpretar la opinión vertida por uno de los abogados impulsores del proyecto, Luis Moreno Ocampo. El día del tratamiento, Ocampo advirtió que los senadores debían tener especial atención al evaluar la derogación de los regímenes de los jueces y de los diplomáticos. Esta intervención del representante de Poder Ciudadano fue interpretada por Eduardo Menem como "un pedido para dar una solución justa a fin de evitar, a posteriori, más juicios y problemas". Kirchner advirtió que hay abogados "que no votarán la derogación del régimen jubilatorio de los jueces porque tienen representaciones en el Consejo de la Magistratura o por vaya a saber qué cosa", aunque remarcó que no desea cuestionar "a nadie" con esa afirmación.
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