El gobierno nacional salió ayer a relativizar los plazos sobre el aumento de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, una de las exigencias para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio de vaticinios volcados en medio de prensa capitalinos de que las tarifas aumentarán dentro de un plazo de 45 días y las airadas protestas de las entidades defensoras de los consumidores, el presidente Eduardo Duhalde sostuvo ayer que difícilmente el incremento se produzca en forma "inminente".
"No creo que sea inminente un aumento en las tarifas", dijo Duhalde poco antes de partir con rumbo a la localidad balnearia de Chapadmalal y consideró que para resolver el tema tarifario "hay que corregir un procedimiento que está abortado por una sentencia judicial".
El presidente aludió al fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Rodríguez Vidal, quien el 27 de septiembre suspendió la realización de las audiencias anteriormente convocadas por Economía, al hacer lugar a un pedido de las asociaciones de usuarios y de la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, buscó también poner paños fríos en torno a los plazos para definir el aumento pero ratificó la realización de audiencias públicas para discutir el tema.
En declaraciones que realizó en la Casa Rosada, Atanasof pidió "no adelantarse, ser prudente y no aventurar fechas" sobre un posible ajuste en las tarifas de electricidad, gas, agua y teléfonos. Señaló que "no hay una fecha fija para una resolución final" sobre el ajuste tarifario. "Está por reiniciarse el proceso (de las audiencias públicas) y de ese debate saldrá una definición", agregó.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, salió al cruce del posible ajuste tarifario y declaró que "el ministro Roberto Lavagna parece desvelado por aumentar las tarifas".
"No nos cansaremos de recordarle (al ministro) que cualquier aumento de las tarifas es ilegal si no se habla de renegociación de los contratos", señaló Oliveira; y remarcó: "Parecen olvidar en Economía que está vigente una medida judicial que suspendió las audiencias públicas, ya que se debe hablar de renegociación de contratos y no de incrementos tarifarios".
Atanasof recordó que "una vez concluidas las audiencias públicas resta la instancia de la consulta legislativa" antes de tomar una decisión. El funcionario ratificó que en el contexto de un posible ajuste tarifario "habrá una tarifa social para los sectores de menores ingresos y menores consumos" en un intento justificar la decisión la decisión de subir las tarifas.
Sobra la nueva convocatoria a las audiencias, cabe consignar que el encuadre jurídico establece que deben ser convocadas y conducidas por los entes reguladores. En su extenso fallo, la jueza determinó que la celebración de audiencias "con la única finalidad de analizar las solicitudes de recomposición tarifaria de urgencia" de las empresas por fuera del proceso de renegociación, "no se encuentran encuadradas en el procedimiento" diseñado en las normativas vigentes.
El nuevo llamado
El nuevo llamado del Ministerio de Economía, a través de los entes reguladores, intenta salvar las desprolijidades en la convocatoria anterior, y para ello el Palacio de Hacienda planea modificar algunas resoluciones.
Fuentes gubernamentales admitieron que para este nuevo llamado se toma en consideración un pedido formulado por las empresas licenciatarias -por caso las gasíferas- para que se ajusten sus tarifas, al amparo del artículo 46 del marco regulatorio del sector. Este artículo de la ley del Gas establece que cuando hay circunstancias "objetivas y justificadas" pueden solicitar un ajuste de las tarifas.
Funcionarios consideraron que, en ese contexto, las futuras audiencias para debatir la cuestión tarifaria son legales " no se contrapone con la ley de emergencia pública ya que esta última habla de pesificación y de la suspensión de ajustes en base a indicadores de precios extranjeros, pero no habla de congelamiento de las tarifas".
De hecho, agregó la fuente, en los últimos meses una comisión específica esta a cargo de la renegociación de los contratos y Economía dictó una resolución habilitando los ajustes estacionales del precio del gas en boca de pozo.
El mes pasado el gobierno vio frustrado su intento de realizar audiencias públicas por el tema tarifas cuando la Justicia hizo lugar a un recurso interpuesto por la Ombudsman porteña y diversas entidades de consumidores.
Pero el fallo de la Justicia que suspendió las audiencias señala que una vía para ajustar tarifas es la que habilita el artículo 46 del marco regulatorio del gas, ahora invocado por las empresas.
Si Economía hace lugar al planteo empresario, se estima que las primeras audiencias -del gas y de la electricidad- podrían tener lugar a mediados de noviembre, y diez días más serán necesarios para resolver la cuestión. Si esto se cumple, el ajuste tarifario podría tener vigencia en diciembre.
La Ciudad
