Apoderados del consejo directivo del ex Banco Integrado Departamental (BID) apelaron una decisión del juez Marcos Ferrarotti -quien entiende en la quiebra del banco venadense- quien había rechazado el pago de honorarios judiciales sobre un monto de 70 millones de pesos que se deben distribuir entre los damnificados por la entidad financiera cerrada en la Semana Santa de 1995. Esta apelación significa una postergación de los plazos de cobro para los ahorristas, quienes aguardan con ansiedad la posibilidad de recuperar al menos una parte de sus colocaciones.
La Cámara de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si rechaza o hace lugar al pedido de los abogados, después de que la causa ingresara ayer en esta nueva instancia judicial. Además de la apelación, el abogado solicitó la recusación del magistrado, lo cual significaría el apartamiento del juez de la causa.
Desde ámbitos judiciales sostuvieron que la Cámara apoyará la medida del juez, quien ratificó su decisión luego de que recibiera el pedido de los ex controlantes del BID. El reclamo de los abogados sería por tres millones de pesos, de los cuales 600 mil irían a parar a la Caja Forense, que reclama su parte.
Hasta ahora los 19.400 ahorristas del ex BID sólo recuperaron el 8,95% de su dinero que reclaman desde abril de 1995. De efectivizarse el pago de 70 millones de pesos accederían a otro 15 ó 16 por ciento, siempre y cuando se sostenga la decisión del juez. Las urgencias en torno al trámite de cobro tienen una explicación razonable: unos 9.600 damnificados tienen en la actualidad más de 60 años.
Los antecedentes
El juez Ferrarotti había aceptado el 16 de septiembre el pedido de la sindicatura de repartir los fondos de la quiebra, previa regulación de los honorarios. En esa oportunidad excluyó a Domínguez por considerar que sus costas debían ser pagadas por sus representados, el consejo directivo de la ex cooperativa del BID, encabezada por Cataldi.
Sin embargo, tres días después el apoderado de la parte demandada pidió la regulación de sus honorarios profesionales y el mismo día recibió la negativa del magistrado ratificando primera decisión.
Una semana más tarde Domínguez insistió mediante una revocatoria y solicitó la recusación del juez que entiende en la quiebra con la intención de separarlo en la discusión sobre la procedencia o no de su pedido de regulación de honorarios, que fue rechazada.
En tanto, la Caja Forense presentó un escrito por el que también reclamó la regulación de honorarios a favor de Domínguez y desde luego su parte. Frente a la "gravedad y magnitud del perjuicio que se ocasionaría a la masa concursal si prosperara la petición formulada por el profesional y apoyada por la Caja Forense", la Sindicatura rechazó la solicitud de Domínguez. Juan Arnaldo Venturini, síndico de la quiebra, se mostró optimista sobre la resolución que adoptará la Cámara de Apelaciones en los próximos días. Pero prefirió no dar fechas estimativas sobre la posibilidad de cuándo podrán cobrar los ahorristas, con la intención de evitar falsas expectativas a los damnificados, quienes ya han soportado que pasen siete años sin poder recuperar sus dineros.
La Ciudad
