| | Editorial El valor de la información
| Una adolescente denunció que fue violada por tres policías en una de las comisarías céntricas de la ciudad. Describió a cada uno de sus agresores con todos los detalles necesarios para identificarlos. Relató cómo fue obligada a pedir sobornos para liberar a un amigo y todo lo ocurrido antes de la agresión sexual. Todos estos datos estuvieron en manos de la policía y de la Justicia durante 21 días sin que absolutamente nada se hiciera para esclarecer el terrible caso denunciado por la menor. Después que La Capital informara sobre la existencia de la denuncia, hace menos de 20 días, todo el aparato político, policial y judicial de la ciudad y de la provincia se puso en marcha. Cambió el juez, ya se hizo la rueda de reconocimiento de los imputados y el magistrado procesó a varios policías no sólo por el supuesto delito de violación sino también por otros serios ilícitos tipificados en el Código Penal. Es lamentable que sólo después que este diario publicara el caso los estamentos oficiales cuya función es proteger a los ciudadanos e investigar si son víctimas de algún delito se dedicaran a su función específica y actuaran en consecuencia. El diario sirvió como vehículo disparador para que un caso espeluznante -¿habrá muchos más que no se conocen?- comenzara al menos a investigarse. Entre la denuncia de la chica -seguramente minimizada por su humilde condición- y la publicación del diario transcurrieron 21 días. Nada importante se había hecho hasta entonces. Ayer, después de sólo 15 días de que este diario informara del caso, ya hay varios policías con prisión preventiva hasta que finalice el proceso que determinará su culpabilidad o inocencia. Las excusas técnicas que se arguyeron en un primer momento para no intervenir por las dudas sobre la fecha del hecho son tan pueriles como impresentables. La policía y el juez tenían en sus manos una denuncia terrible, como es una triple violación, y nada hicieron: no tomaron medidas de prueba, no separaron a los policías sospechosos y ni siquiera la menor fue llamada a ampliar su declaración. Peor aún, la repartición encargada de investigar posibles delitos policiales -Asuntos Internos- dice que se enteró del caso por La Capital cuando la chica hizo la denuncia en una dependencia policial que sí giró el expediente al magistrado en turno. La credibilidad de algunos estamentos oficiales cuya función en proteger a los ciudadanos ha quedada dañada y, en este caso, la información publicada por un medio ha servido para que se comience a actuar.
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