Fernanda Balatti
El detenido empresario Enrique Piana pidió ayer la libertad a la Cámara Federal porteña como premio por "la colaboración que prestó" a la Justicia al confesar su participación en el fraude del oro, pero el sistema penal argentino no otorga beneficios a confesos. Pese a que ya estuvo preso en Estados Unidos bajo siete cargos federales que incluyeron las maniobras con oro y el posible lavado de dinero, Piana sigue detenido aquí y reclama "el derecho a permanecer en libertad durante el proceso penal" no sólo por el tiempo en que ha estado bajo arresto sino, principalmente, porque "la investigación sólo puede avanzar a través de la colaboración que ha prestado". El sistema norteamericano prevé negociaciones entre fiscales, jueces y acusados que redundan en importantes beneficios para quienes cometen un delito pero luego confiesan su crimen. Pero ese mecanismo no existe en el sistema procesal argentino, donde al menos en la letra de la ley no figura ninguna posibilidad de "negociar" con los investigadores. Hay, en unos pocos casos, alguna opción de plantear la confesión o la colaboración del acusado como un atenuante, pero es facultad de los tribunales admitir y encontrar alguna vía para mejorar la situación del delincuente confeso. Ayer Piana se aferró a los pactos internacionales para reclamar una "garantía emergente del principio de buena fe", con el cual abrió la boca ante el juez Jorge Luis Ballestero para contar que recibió millones de dólares en forma ilegal por participar de un fraude con exportaciones. Y vinculó al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y otros ex funcionarios. El abogado Virgolini se quejó de que "la colaboración que Piana ha prestado a la investigación no se ve reflejada en ninguna mejora de su situación, en ningún atenuante".
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