El juez federal Claudio Bonadío, quien investiga el caso del supuesto pedido de sobornos de senadores a banqueros para no aprobar un proyecto de ley, dispuso ayer prohibir la salida del país a Emilio Cárdenas, ex directivo del banco HSBC, ante versiones que indicaban que no se presentó a declarar por haber viajado a Sudáfrica.
Por su parte, el titular del bloque de senadores de la UCR, Carlos Maestro, dijo ayer estar "absolutamente tranquilo" por el comportamiento ético de los legisladores de su bancada, mientras que dos diputados nacionales del partido Unidad Bonaerense, del intendente de Escobar, Luis Patti, reclamaron que se investigue el contrato que unía al lobbista Carlos Bercún con el Ministerio de Economía.
Fuentes tribunalicias señalaron que ante el trascendido de que Cárdenas había salido del país, Bonadío pidió información a Migraciones y le hizo saber que, en el caso de que el banquero permanezca en la Argentina, se le impida viajar para que declare en la causa.
Bonadío quiere volver a interrogar a Cárdenas sobre las reuniones que habría mantenido con los embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña, en el marco de la causa en la que se investiga si existieron pedidos de coimas para "frenar" en el Senado el tratamiento de leyes contrarias a los intereses de los banqueros.
Cárdenas habría sido citado a ampliar sus dichos el jueves de la semana anterior, pero sus defensores negaron haber sido notificados y aclararon que el ex embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas se encontraba en el exterior (ver aparte).
Así las cosas, Maestro manifestó su "absoluta tranquilidad" por el proceder de los legisladores del radicalismo y señaló que "si bien nunca hay que decir nunca", considera que "al menos en este caso no hay nada de nada".
El proyecto de ley en cuestión -que finalmente fue aprobado casi por unanimidad en el Senado y que ahora estudia la comisión de Trabajo de la Cámara baja- restituye un aporte del 2 por ciento sobre comisiones e intereses para destinar a una bolsa de trabajo para trabajadores bancarios que resulten desplazados del sistema a partir de su reestructuración.
Otra novedad de ayer fue que Rattín y Jobe descartaron su intención de que se investigue la contratación del consultor Bercún por el Ministerio de Economía de la Nación.
Mediante una presentación realizada ayer ante el fiscal Eduardo Taiano, los legisladores de la Unidad Bonaerense reclamaron que se investigue, entre otros, al Palacio de Hacienda.
Los denunciantes afirmaron que el 7 de septiembre del año pasado el Palacio de Hacienda "habría contratado a CB Consultora (la empresa de Bercún) con el objeto de realizar el seguimiento de la actividad parlamentaria para obtener información inmediata, confiable y detallada" de los trámites legislativos.
Según la denuncia, ello se realizó mediante la resolución 450 firmada por el entonces ministro Domingo Cavallo, "prorrogándose la contratación hasta diciembre de 2002, mediante la resolución 47 suscripta por el ministro Jorge Remes Lenicov".
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La Ciudad
