Las primeras declaraciones de los entonces imputados Raúl Oscar Mendoza y Jorge Aguilar fueron los pilares de la condena dictada por el Tribunal Federal Oral Nº 1 a siete de los nueve acusados de planificar el robo al Banco Nación de Villa Ramallo en septiembre de 1999. Esos testimonios, que ambos prestaron ante el juez de Instrucción pero luego negaron aduciendo que los habían hecho bajo apremios, fueron tomados como una de las pruebas más relevantes en contra de los sospechosos. Esas indagatorias funcionaron como evidencias que se complementaron entre sí y que, según los jueces, encontraron sustento en otros elementos de la causa. Lo que los llevó a concluir que ninguno de los dos mentía cuando, al relatar las reuniones preparatorias del atraco, mencionaron con nombre y apellido a la mayoría de los que, a lo largo del juicio, se sentaron junto a ellos en la hilera de acusados.
Tanto el albañil Mendoza como el joven electricista Aguilar confesaron su participación en el hecho al hablar por primera vez ante el juez de Instrucción Carlos Villafuerte Ruzo. Pero al declarar en el juicio oral que se desarrolló en Rosario en los últimos dos meses, ambos se retractaron. Aseguraron que todo lo dicho con anterioridad fue obtenido mediante amenazas por un "morocho de bigotes" de la Prefectura de San Nicolás (el oficial José Luis Pérez), al cual reconocieron cuando le tocó atestiguar en el proceso. Idéntica acusación presentó la ahora absuelta por el beneficio de la duda Angélica Beatriz Vilches.
Pero esto no impidió que los jueces consideraran válidos los testimonios en que dejaban pegados a sus coimputados. Para poder valerse de esas acusaciones, las declaraciones iniciales de Aguilar y Mendoza fueron incorporadas al debate por lectura. A partir de otros indicios colectados en la causa los jueces entendieron que entonces decían la verdad. Y evaluaron como algo poco factible que hayan inventado hechos que luego "se acreditaron uno por uno". Así, los dichos de los propios imputados funcionaron como el pilar de los fundamentos que dejaron a siete de ellos tras las rejas.
No en vano los defensores habían planteado la nulidad de esos testimonios por la cuestión de las supuestas presiones, pero el planteo fue desestimado por los jueces. Laura Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paolucci respondieron que los apremios denunciados "no tienen sustento en prueba alguna" y que esas afirmaciones buscaban "mejorar la situación procesal" de los involucrados. Sortearon así los recurrentes cuestionamientos a la investigación que surgieron en las audiencias.
¿Cuáles fueron las confesiones del albañil y el electricista que luego ambos desmintieron? Mendoza, cuñado de Martín Saldaña (el asaltante que apareció ahorcado en la comisaría de Ramallo), describió minuciosamente una reunión en la casa que compartía con éste y su mujer, la también condenada Mónica Saldaña. Del encuentro, que según su relato se produjo días antes del asalto, participaron no sólo su esposa y su cuñado sino también el asaltante Carlos Sebastián Martínez, el fallecido ladrón Javier Hernández, el vendedor de celulares Norberto Céspedes y el propio Aguilar, "que llevaba en la mano una cosa alargada y chata como un pan de jabón de color gris, que daba la impresión de ser pesado" (en presunta referencia al pan de trotyl).
El handy que no apareció
Mendoza mencionó otra reunión a la que concurrió "una persona que Martín Saldaña presentó como Aldo Cabral y de quien dijo que era policía. Pude observar cuando Cabral le mostraba a Saldaña un handy y le decía «con esto agarrás las comunicaciones de la policía»". Cabral es el cabo del Comando Radioeléctrico de San Nicolás condenado a 17 años de prisión por actuar como la pata policial de la banda.
Aguilar habló de la misma reunión en la casa de los Saldaña. Enumeró las armas que pusieron a punto esa noche (las que luego fueron secuestradas dentro del auto en que intentaron la huida) y describió el handy conectado a la frecuencia policial que desapareció misteriosamente tras el asalto. También dijo que Tito Saldaña le comentó que "el laburo estaba hecho porque lo entregaba un covani (policía) que trabajaba donde ellos iban a hacer el trabajo. A ese policía Tito y Polenta se referían como «el Aldo»".
A raíz de esos dos testimonios clave, los jueces no sólo consideraron acreditada la participación de Aguilar y Mendoza en la planificación del robo, sino también las de Céspedes, Cabral, y Mónica Saldaña, quien ante el tribunal sólo había admitido una mínima intervención en el episodio. Todo esto, apuntalado por otros indicios, constituyó el basamento de las condenas.
Aguilar, ex soldado voluntario, fue condenado a 15 años de cárcel por aportar a la banda el pan de trotyl que colgó del cuello del gerente Carlos Chaves durante las 20 horas de negociaciones. Esto surge de su propia confesión (reconoció que "se lo había llevado del ejército como souvenir") y de un informe del ejército según el cual colaboró en el traslado de material bélico hasta el Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé, Santa Fe. En la Argentina, ese explosivo es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
Los 13 años de cárcel que le impusieron a Mendoza fueron respaldados por su "preciso, minucioso y detallado" relato de la operación de robo que se planificó en su domicilio, de los viajes de inteligencia a Villa Ramallo y de su participación en maniobras distractivas frente a la entidad.
Sebastián Martínez, condenado a 24 años, era el único que no podía negar su vinculación con el hecho. Lo esposaron dentro del Polo verde, tras la balacera policial en la que salvó milagrosamente la vida. El único sobreviviente del trío de asaltantes que ingresó al Nación, al hablar por primera vez ante el tribunal se desvinculó de la preparación del hecho (dijo que le ofrecieron participar del robo un día antes) y se presentó como un "mero ejecutor de órdenes". Pero al haber sido mencionado como uno de los partícipes de las reuniones previas, algo que negó en la entrevista exclusiva a La Capital (publicada el pasado domingo), su coartada cayó.
Lo mismo ocurrió con Cabral. Al policía, además, un informe de inteligencia lo mencionaba como una persona allegada a Tito Saldaña. Y no pudo explicar un llamado telefónico a Hernández, otro a Ojito Céspedes, y tres al taller de Osvaldo Bassan, el mecánico que dijo que, ese día y a esa hora, del otro lado del tubo habló el mismo Saldaña.
Una testigo en peligro
Esa relación ente Tito y Cabral también había sido mencionada por Norma Ojeda, la entonces concubina del asaltante y prima hermana de Martínez, que no pudo declarar en el juicio por encontrarse internada tras un intento de suicidio por abuso de psicofármacos. "No tenía ganas de vivir y sufre un cuadro de depresión por el cual no puede soportar la angustia", explicó el médico que la excusó de declarar.
La mujer vivió con Saldaña desde diciembre de 1998, luego de que Tito estuviera preso por el asalto a la metalúrgica Flogg de San Nicolás. Ojeda reveló que en esa oportunidad Tito le había dicho "que tuvo que ir preso por un policía". El mismo que en abril de 1999 se presentó en su casa con el nombre de Aldo y conversó en la vereda con Saldaña. La mujer le recriminó a Saldaña ese encuentro porque "no quería que se involucrara con esta persona, ni que tuviera nada que ver con ningún tipo de cosas raras. Ya había ido preso por el policía".
Contra Ojito Céspedes también pesó el testimonio del mecánico Bassan, quien dijo que reparó en su casa una moto usada para cometer el robo mientras allí se realizaba una reunión presuntamente preparatoria del golpe. Los asaltantes llevaban celulares que él les proveyó y estos elementos tuvieron suficiente peso como para que le dieran 13 años.
Silvia Liliana Vega, la remisera, no fue mencionada por Aguilar y Mendoza, pero llevó en su auto a parte de la banda a Villa Ramallo la mañana del hecho y, según la sentencia, participó de maniobras distractivas en una librería junto a Mónica Saldaña. Ella dijo que sólo hizo algunas compras acompañando a Saldaña, a quien había "trasladado como cliente". Pero el testimonio de la vendedora, Claudia Sánchez, sugiere lo contrario: dijo que Vega avisó que "pasaba algo" en el banco al advertir la presencia policial, e inmediatamente preguntó si había lugar para esconder a las nenas (las hijas de Saldaña) o si existía una salida de emergencia. Salió rápidamente del lugar y se fue en el remís que había estacionado a media cuadra para asegurar una rápida huida en caso de complicaciones.
También la incriminó el viaje que realizó junto a los asaltantes a Villa Ramallo el día anterior al hecho. La remisera dijo que sólo recorrió el pueblo a pedido de sus clientes y que en ningún momento se detuvieron. Pero Flora Lacave, la mujer del gerente, dijo que durante su cautiverio el Negro Martínez describió una actividad que habían realizado la tarde anterior con su esposo. Algo que, según los jueces, no pudieron apreciar sin bajar del vehículo con la complicidad de Vega.
La Ciudad
