Editorial

La muerte de un cadete

El caso de la muerte del aspirante a la escuela militar General Lemos, Segundo Cazanave, obliga a reflexionar hasta qué punto se han producido modificaciones a los viejos y cuestionados planes de educación y adiestramiento en el Ejército. Como se sabe, el joven Cazanave apareció muerto en un departamento un días después de haber sido dado de baja como alumno. Su madre ha señalado que fue como consecuencia de los malos tratos y tormentos a los que fue sometido por alumnos de años superiores, pidió que el caso sea investigado por la Justicia federal y reclamó prisión para el jefe del Ejército, el director del establecimiento educativo y otros responsables que puedan aparecer involucrados.
En principio, el Ejército a través de un comunicado aseguró que el joven pidió la baja voluntariamente argumentando problemas económicos, pero luego el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, reconoció que existe una instrucción -una especie de sumario interno- llevado a cabo en la escuela a pedido de la madre, donde se constató que "había habido ejercicios antirreglamentarios" y que los responsables recibieron sanciones de 45 y 30 días de arresto, todos aspirantes de segundo y tercer año. Sin embargo, no relacionó los ejercicios con la muerte. La familia, en tanto, sostiene que el joven fue "librado a su suerte, es decir a la muerte, por omisión de asistencia a quien había sido víctima de insoportables tormentos".
Se trata de un hecho de muerte dudosa que, desde luego, ha producido un fuerte impacto en la fuerza, por cuanto posee similares características a la del caso Carrasco, de tal repercusión en la sociedad en el año 90 que derivó en la eliminación definitiva del servicio militar obligatorio. De allí en adelante, bajo la impronta del general Martín Balza, se buscó darle otro perfil a la formación académica, procurando hacerla marcadamente profesionalista y abierta a la sociedad civil. La educación debía jugar un rol fundamental para modificar la deteriorada imagen del Ejército ante la sociedad, y hay que reconocer que esos objetivos en parte se cumplieron en la década pasada. A tal punto, que la dirigencia política volvió a poner la mirada en la fuerza como lugar de contención de la juventud desocupada. Sin embargo, ese pretendido cambio cultural en el Ejército todavía no llegó a dejar por superadas las atroces prácticas de abusos físicos y psicológicos de parte de los cadetes con mayor antigüedad hacia los ingresantes.
Es de esperar entonces que la Justicia, en el fuero que se determine, logre poder esclarecer el hecho cuanto antes. Hay una familia que necesita ser reparada ante una inexplicable muerte y una sociedad que merece tener un Ejército verdaderamente profesionalizado, al servicio de un país democrático, independiente y republicano.