San Jorge.- Dos ediles denunciaron penalmente a sus cuatro pares por situaciones que se desprenden del cuestionamiento de los diplomas de concejal de dos integrantes del cuerpo y la consiguiente negativa, por parte de la mayoría, a tratar el tema. La denuncia, que pesa sobre el radical José Luis Pivetta y la justicialista Cristina Berra por percibir otros sueldos del Estado, se hizo extensiva a los concejales justicialistas Rubén Turina y José Luis Roggero por formar parte de la mayoría que impidió tratar el tema en el recinto.
La acusación presentada el 8 de agosto por los concejales vecinalistas Esteban Roglich y Nora Gorosito ante el Juzgado de Instrucción de 5ª Nominación de Santa Fe, señala que los denunciantes objetaron la validez de los diplomas de Pivetta y Berra durante la sesión preparatoria del 4 de diciembre de 2001 y no fueron escuchados. Se los inculpa de estar comprendidos dentro del régimen de incompatibilidades previsto por la ley provincial.
Los denunciados no habrían presentado ante el cuerpo las solicitudes de licencia sin goce de sueldo a otros cargos que poseen ni renunciado a la dieta y gastos de representación como concejales. A Pivetta se le objeta además la falta de residencia inmediata de dos años en la ciudad, condición exigida por la ley orgánica de municipalidades para ser electo concejal.
Al parecer, los acusados contaron con la anuencia de Turina y Roggero para evitar el tratamiento del caso durante siete meses, lapso en el que los denunciantes agotaron las instancias para demostrar lo denunciado. En una reunión posterior quisieron fundamentar el planteo y, "mediante una chicana consistente en el uso abusivo de la mayoría, impidieron deliberar".
Calificadas fuentes tribunalicias indicaron que el expediente fue enviado al fiscal para que determine si el caso es competencia del juzgado que recibió la denuncia -a cargo del juez Eduardo Giovannini- o de uno correccional, situación que se definiría en unos diez días.
Otra interpretación
Mientras los autores de la denuncia evitaron hacer declaraciones hasta tanto se expida la Justicia, Pivetta dijo a La Capital que su situación no está comprendida dentro de ninguna incompatibilidad debido a que "la ley orgánica exceptúa" a los docentes. "Tengo un cargo en una escuela secundaria en la que gano treinta pesos por mes", explicó.
Si bien los intentos por ubicar a Berra fueron infructuosos, se sabe que cumple funciones como ecónoma en un comedor de una escuela primaria desde hace ocho años. Ahora la Justicia deberá evaluar cuál es su condición y si tendrá que abandonar uno de los sueldos estatales. Distinta sería la circunstancia de los cuatro ediles por su negativa a tratar el tema en el Concejo. Según los denunciantes estarían "faltando al cumplimiento de sus deberes de funcionario al sostener con su omisión una situación potencialmente antijurídica".
La Ciudad
