El juez que investiga los trágicos sucesos de diciembre pasado, que dejaron un saldo de siete muertos en el sur provincial, abrió 50 nuevas causas por el delito de lesiones, tras recibir un informe del Area VIII de Salud que consigna la cantidad de heridos de bala que ingresaron a hospitales públicos durante las jornadas de saqueos. El magistrado había requerido el reporte dos meses atrás cuando detectó la falta de partes preventivos sobre casos de heridos de bala en los disturbios, lo que supone una grave omisión policial.
El informe, elaborado a pedido del juez de Instrucción Osvaldo Barbero, reportó el ingreso a efectores públicos del sector de 50 lesionados con balas de plomo o de goma durante los disturbios registrados entre el 19 y 20 de diciembre último. Algunos nosocomios aún no fueron relevados y serán incluidos en un segundo informe.
Las causas fueron caratuladas como "lesiones", si bien resta determinar la gravedad de las mismas para decidir qué juzgado es competente: en los casos de lesiones graves o gravísimas interviene el mismo juzgado de Instrucción 13ª, mientras que las leves son competencia de los juzgados correccionales y se investigan a pedido de la víctima por tratarse de un delito de instancia privada.
Hasta ahora el magistrado no había tenido constancia de esos hechos, pese a que la mayoría de las víctimas acudieron a hospitales públicos que cuentan con destacamentos policiales obligados a reportar esos casos a la seccional correspondiente. Esta, a su vez, debe informar al juez. "En la mayoría de estos hechos no teníamos causas iniciadas por otro canal y las víctimas no los habían denunciado", reveló un vocero judicial.
Para echar luz sobre esos delitos los investigadores solicitaron copias de las historias clínicas a los hospitales y citarán a los damnificados para que relaten en qué circunstancias fueron heridos. Según la fuente, "los horarios de ingreso a los centros asistenciales coinciden con los momentos de disturbios".
El magistrado solicitó el reporte al detectar que no existía constancia policial de los casos con civiles heridos de bala. La omisión presume un acto de encubrimiento para que no se investigue por qué muchas de las víctimas fueron alcanzadas por los proyectiles calibre 9 milímetros que usa la fuerza. A raíz de esas omisiones el juez, como víctima del ocultamiento, decidió dar intervención a otro juzgado para que investigue las irregularidades.
Presunto ocultamiento
Respecto de estos 50 nuevos casos la investigación intentará precisar en cuáles existió ocultamiento, ya que "no todos los hospitales cuentan con destacamento policial", según la fuente. Algunos de esos hechos, todos ocurridos el 19 de diciembre pasado, ya habían sido denunciados por organismos de Derechos Humanos o por las propias víctimas.
Es el caso de Julián Antonio Fabio, un joven de 22 años baleado con un proyectil 9 milímetros en el intestino en Previsión y Hogar y Caoba. Con balas de idéntico calibre fueron lesionados Pablo Daniel López, de 14 años, en Oroño y Dr. Riva, y Claudio Souza, de 30 años, en Siracusa y Pineda. Los hermanos Rubén y Héctor Pinto, de 18 y 20 años, sufrieron ocho heridas de bala en barrio Las Flores, mientras que Sebastián Duré, de 17 años, perdió la visión de un ojo por un perdigón de goma que recibió en Circunvalación y Oroño.