Mientras el senador nacional justicialista Jorge Capitanich aseguró ayer ante el juez federal Claudio Bonadío que las reuniones que mantuvo con banqueros fueron posteriores a las denuncias sobre la presunta exigencia de coimas a ejecutivos de entidades de crédito extranjeras, y el consultor Carlos Bercún se puso a disposición del magistrado, la Cámara alta realizó una encendida defensa de la honestidad de sus miembros. Además, embistió contra los hombres de negocios, al considerar que podrían haber incurrido en el delito de traición a la patria, según disparó el jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja.
En ese sentido, los senadores acusaron a banqueros extranjeros que se quejaron por un supuesto pedido de sobornos de "presionar" a los embajadores de Estados Unidos y el Reino Unido para "boicotear las negociaciones de la Argentina con el FMI", según puntualizó el peronista Oscar Lamberto.
Cuatro banqueros fueron citados a declarar hoy ante la comisión de Asuntos Constitucionales, que investiga la cuestión: Manuel Sacerdote (Boston), Emilio Cárdenas y Michael Smith (HSBC) y Carlos Giovanelli (Citibank).
Por su parte, convocado por Bonadío como testigo, Capitanich contó que el 22 de agosto pasado banqueros y senadores confluyeron en la Sala de Situación de la Casa Rosada, en una reunión presidida por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Capitanich agregó que hubo un segundo encuentro entre ambas partes en la sede de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y otras dos reuniones posteriores en el edificio anexo a Diputados, en las que se analizó fundamentalmente la aplicación del CER como índice de actualización de préstamos.
Otro día movido
El juez y el fiscal Guillermo Marijuán escucharon también al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien fue convocado por las gestiones que realizó la entidad gremial en favor de un proyecto de ley para la creación de un fondo de desempleo destinado a trabajadores de las entidades crediticias.
"Esto es un operativo de un sector de la banca", disparó Zanola fuera de la audiencia, y subrayó: "Hay un fuerte embate de parte del sistema financiero para evitar pagar algo que le toca constitucionalmente", en referencia al 2 por ciento sobre sus comisiones que, de acuerdo con el proyecto de ley elaborado el senador del PJ Luis Barrionuevo, debían aportar las entidades crediticias para solventar el fondo de desempleo.
Bonadío investiga si, como relató en un artículo el corresponsal del diario británico The Financial Times, Thomas Catan, senadores exigieron sobornos a banqueros para cajonear la iniciativa de Barrionuevo, que obtuvo media sanción de la Cámara alta.
Ayer, la contraofensiva parlamentaria también incluyó a Catan. El titular del bloque radical del Senado, Carlos Maestro, dijo que su bancada querellará al periodista para que precise "si algún legislador de la UCR cometió un acto deshonroso".
Según la senadora del PJ Malvina Seguí, el enlace entre quienes habrían reclamado las coimas y los banqueros fue Bercún, un ex funcionario del Ministerio de Economía que preside la consultora CB.
El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, ya declaró ante el juez que la entidad paga 7 mil dólares mensuales a Bercún para que proporcione información sobre toda iniciativa del Congreso con incidencia en el funcionamiento de las entidades de crédito. Pero negó todo conocimiento sobre los presuntos sobornos.
Bercún regresó en las últimas horas de Londres y, a través del abogado Zenón Ceballos, presentó un escrito mediante el cual se puso a disposición de Bonadío. Todo indica que será citado en los próximos días. En tanto, hoy declarará Barrionuevo, autor del proyecto que habría motivado las oscuras negociaciones.
"Si yo supiera el nombre de alguien (que pidió o recibió coimas) lo denunciaría públicamente y lo tendríamos que echar a patadas del recinto", enfatizó Capitanich, ex jefe de Gabinete, ante los periodistas que lo aguardaron en Tribunales.
Por su parte, el senador radical Rodolfo Terragno advirtió que "si no se investiga" el nuevo escándalo "se instalará la idea de que el Congreso es un outlet donde se pueden comprar leyes". A su turno, el vicepresidente del cuerpo, Marcelo López Arias, exhortó a los banqueros a aportar pruebas como "acto de responsabilidad social".
Paralelamente, el abogado Luis Moreno Ocampo, quien en representación de Catan se opuso al rastreo de las comunicaciones telefónicas del corresponsal, arremetió contra Bonadío: "Es un escándalo que el magistrado diga públicamente que le molestan las garantías constitucionales de los periodistas. Habría que repensar si esta persona puede ser juez".
La Ciudad
