El gobernador estampó ayer su firma en el decreto 2391 que da fuerza legal al nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura tal como lo reclamaron largamente los colegios de abogados, en particular el de Rosario. La norma, previamente consensuada en el seno del organismo, inicia una nueva era en materia de designación de jueces.
El nuevo sistema implica que los candidatos a juez no sólo tendrán que inscribirse como hasta ahora para llenar una vacante y esperar el voto favorable del Consejo sino que sus méritos serán evaluados en base a puntajes. Por sus antecedentes, tanto en la Justicia como en la profesión de abogado, recibirán hasta un máximo de 40 puntos. Además deberán superar una prueba consistente en redactar una sentencia en menos de seis horas, por la que obtendrán hasta otros 40. Y finalmente podrán sumar hasta 20 más en una entrevista personal obligatoria con los miembros del Consejo, donde están representados la Corte Suprema, los colegios de magistrados y de abogados, la Subsecretaría de Justicia y el gobernador, quien finalmente elegirá entre los tres candidatos que obtengan más puntos. El elegido necesitará luego respaldo de la Legislatura.
El esquema no cambia en cuanto la decisión final la siguen teniendo el gobernador y los legisladores -porque así lo establece la Constitución- pero limita su margen de maniobra solamente a los candidatos que logren superar con éxito el filtro del concurso. El propio Consejo aparece ahora restringido en su discrecionalidad, ya que no le bastará con votar a un candidato, sino que deberá actuar como un jurado para evaluar sus capacidades en base a reglas objetivas. Tampoco cambia el carácter de órgano asesor que tiene el Consejo y en teoría sus decisiones no son obligatorias para el gobernador, quien sin embargo, al haber firmado el decreto, se "ató las manos" pues se comprometió a aceptar los nombres que provengan del organismo.
Por estas razones el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, en declaraciones a La Capital, destacó la "enorme trascendencia institucional" del nuevo sistema, que "con un costo cero para la administración, ya que no implica la creación de estructuras burocráticas, permitirá mejorar notablemente la transparencia del proceso de selección de magistrados judiciales". Borgonovo vaticinó que posiblemente las nuevas exigencias reduzcan el número de aspirantes a cubrir las vacantes, pero estimó que ello redundará en un beneficio para el Poder Judicial, ya que la competencia por los cargos se planteará entre los más calificados. Consultado sobre las bases que inspiraron el flamante mecanismo, el ministro destacó que responden "en un 99,9 por ciento" a las propuestas consensuadas entre los representantes de los distintos sectores que componen el Consejo de la Magistratura.
Repercusiones
En el Colegio de Abogados local, la entidad que con el acompañamiento de sus pares de la provincia instó el cambio de reglas, algunos directores expresaron satisfacción por la aprobación del decreto, pero prefirieron no arriesgar una opinión definitiva hasta estudiarlo en detalle. El Colegio rosarino no asistió la semana pasada a una reunión del Consejo para cubrir cargos de juez en disconformidad con la falta de instrumentación de los concursos y publicó una solicitada reclamando la nueva modalidad. Esa elección puede quedar en la historia como la última del viejo régimen, ya que se espera que en las próximas debuten los concursos abiertos y públicos.
Pero una nueva puja se avecina: la entidad de los abogados anunció que promoverá la modificación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el tribunal que los juzga y puede destituirlos en caso de mal desempeño.
La Ciudad
