La denuncia de la triple violación en la comisaría 1ª sufrió un exagerado retraso en ser comunicada a la Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial. Además el jefe de esa seccional no se enteró por la vía institucional idónea de la gravísima acusación que pesaba contra tres efectivos bajo su mando. Estos son los aspectos más relevantes que trascendieron del informe exigido por el Ministerio de Gobierno para determinar los pasos seguidos, tanto por los responsables del nivel policial como de la administración pública, frente al caso. Acciones que, según señalamientos vertidos la semana pasada por el ministro del área, Esteban Borgonovo, están impregnadas de una fuerte presunción de irregularidad.
Los pocos aspectos que se conocieron del reporte no despejan la impresión reflejada desde el primer momento: que la mayoría de las instancias competentes, aunque lo negaran, estaban verbalmente al tanto del caso. Tampoco queda claro por qué si el hecho había sido empezado a investigarse en la Oficina de Sumarios, no hubo apartamiento preventivo de ningún policía por las tres violaciones denunciadas.
El reporte que llegó ayer a manos de Borgonovo indica que Asuntos Internos demoró 20 días en tomar conocimiento del caso desde el 5 de septiembre último, fecha de radicación de la denuncia. Si ocurrió así este diario, que publicó los pormenores de la acusación el jueves pasado pero supo del hecho casi una semana antes, se enteró primero del tema.
La Dirección de Asuntos Internos depende del subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, quien aseguró por radio el jueves último no haber tenido antes novedad del episodio denunciado. Si fue así se produjo una situación de extrema rareza: que una instancia inferior, como Asuntos Internos, se hubiera enterado de una circunstancia gravísima sin darle cuenta a la superioridad. Algo que aparece como remoto si se tiene en cuenta la competencia laboral de la abogada Leyla Perazzo, directora de la oficina a cargo de investigar conductas ilícitas presuntas de policías.
El informe plantea a la vez que el jefe de la 1ª, comisario principal Alfredo Portaguardia, no recibió una comunicación formal del asunto. Eso no implica, tal como reconoció este oficial al hablar con este diario el día anterior a la primera publicación, que ignorase las acusaciones.
Otro dato que trascendió es que, según revela el informe elevado a Borgonovo, hubo una acción iniciada en la oficina de Sumarios Administrativos de la Unidad Regional II antes de que la prensa se ocupara del caso. Si fue así tal trámite no tuvo un correlato en la seccional ya que todos los policías, 21 días después de formulada la denuncia, permanecían en sus puestos.
Lo que está verificado, por el curso administrativo acostumbrado que tienen las denuncias, es que tras radicarse la acusación en la denominada comisaría de la mujer, el caso fue informado telefónicamente al juez de instrucción 7ª, Eduardo Suárez Romero. Y que el magistrado dio inmediata intervención a la División Judiciales de la Unidad Regional II, una de las cinco áreas que conforman la cúpula de la Jefatura de Rosario.
En Tribunales
Ayer, entretanto, el juez de instrucción Adolfo Prunotto Laborde continuó en la investigación del caso. Para hoy se espera la declaración de un comerciante que dijo haber presenciado la detención de un chico a una cuadra de la seccional, el día en que presuntamente se concretó la triple violación, que estaba acompañado por la chica de 16 años que sería la víctima de tal agresión. El lunes el magistrado encabezó una inspección ocular y ordenó el registro fotográfico y de video de las instalaciones de la comisaría 1ª.
La denuncia que la adolescente radicó el 5 de septiembre, cuyos términos ratificó el viernes pasado en Tribunales, sitúa el inicio de los hechos durante una madrugada en que se dirigía a un boliche céntrico con un amigo que resultó detenido por robo. La joven permaneció esperando en la sala de guardia y dos policías le pidieron que llamara a la madre de su amigo detenido para requerirle "200 pesos" a fin de liberar al muchacho. A eso de las 5 de la mañana, cuando se retiró la única mujer policía, un efectivo la llevó a una habitación del fondo de la dependencia. Allí, en el lapso de una hora, dijo haber sido sometida por los tres hombres.
La adolescente mencionaba la madrugada del 21 de julio como fecha de la posible agresión pero no daba certeza. Esa falta de exactitud fue el argumento sostenido por la policía para no abrir sumarios en forma automática tras la acusación. Los 44 efectivos que trabajaban en la seccional fueron apartados preventivamente el jueves pasado. Una pericia telefónica probaría que la chica, que dijo haber hecho llamadas desde el interior de la comisaría, estuvo allí el 26 de julio.
La Ciudad
