La fiscalía federal analiza la posibilidad de acusar a banqueros y senadores por el delito de cohecho. En tanto, el titular de la Cámara alta, Juan Carlos Maqueda (PJ), justificó ayer ante el juez Claudio Bonadío una reunión que mantuvo en agosto pasado con el presidente de ABA, Mario Vicens, quien volvió a comparecer, pero dejó dudas, en una jornada cargada de declaraciones y encuentros detonados por las nuevas sospechas de coimas que sacuden al Parlamento (ver aparte).
Uno de los hechos que Vicens mencionó ante Bonadío y el fiscal Guillermo Marijuán, y que no había señalado en una declaración anterior, fue el contrato por unos 7 mil dólares al mes que selló ABA (la Asociación de Bancos Argentinos) con la consultora del ex funcionario del Ministerio de Economía Carlos Bercún, sobre quien arrojó sospechas la senadora Malvina Seguí (PJ).
Vicens contó que la consultora brinda información a ABA sobre los proyectos de ley que debate el Senado y que pueden tener incidencia en la actividad de los bancos. Aunque desvinculó ese servicio con los supuestos sobornos.
Hasta ahora no existen imputados en la causa, pero casi todos los testigos del caso contrataron abogados. Hoy deberá comparecer el senador del PJ Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, y mañana será el turno de su par Luis Barrionuevo. La fiscalía no descarta acusar a unos y otros por el delito de cohecho, que sería activo en el caso de los legisladores y pasivo para los banqueros.
"Puede ser que los banqueros no digan nada por dos supuestos: porque hayan sido parte de un ilícito por una negociación que mantuvieron o bien porque la política de sus entidades los lleva a guardar silencio", aseguró Marijuán.
El fiscal marcó diferencias entre la víctima de un intento de coima, que se limita a escuchar una oferta ilegal, y personas que "están negociando" un soborno, ya que en el último caso "las dos partes son autoras de un delito".
Los investigadores también accedieron a los testimonios del senador Maqueda y su par José Luis Gioja. Manuel Sacerdote, del BankBoston, fue citado por el juez, pero faltó a la audiencia por hallarse fuera del país.
Vicens dejó dudas, aunque coincidió con Maqueda al explicar que el 2 de agosto hubo un encuentro "protocolar" entre el titular de ABA, el secretario ejecutivo de la asociación Norberto Peruzzotti, el mandamás de la Cámara alta y el senador del PJ Oscar Lamberto para hablar sobre el corralito, la pesificación y las negociaciones con el FMI.
Gioja dijo descreer que los legisladores hayan reclamado coimas para congelar un proyecto de ley elaborado por Barrionuevo y destinado a la creación de un fondo de desempleo para los bancarios, cuyo financiamiento surgiría del 2% de las comisiones que perciben las entidades de crédito.
También se refirió al tratamiento parlamentario de cuatro proyectos sobre temas bancarios y afirmó que en esos casos (que incluye la iniciativa de Barrionuevo) el Senado otorgó media sanción en forma casi unánime y sin señales que hicieran sospechar de negociaciones oscuras.
Recordó, además, reuniones con ABA y Abappra (bancos oficiales y privados de la Argentina), de las que participaron senadores y diputados, pero aclaró que esos encuentros (celebrados a instancias del legislador Rodolfo Frigeri) tuvieron lugar en ámbitos públicos para debatir la aplicación del CER.
Sólo destacó la insistencia de una delegación de la Asociación Bancaria en la sanción del proyecto de Barrionuevo con la inclusión de un artículo que prevé la creación de una bolsa de trabajo para los empleados del sector.
La causa se originó cuando la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y Seguí, quien sindicó a Bercún como el supuesto enlace entre banqueros y parlamentarios, reportaron a la Justicia los hechos descriptos por el diario británico The Financial Times en un artículo firmado por su corresponsal en la Argentina, Thomas Catan.
Según el periodista, el 16 de agosto hubo una reunión en la residencia del embajador británico, Robin Christopher, en la cual el anfitrión y su colega estadounidense, James Walsh, hicieron oír al canciller Carlos Ruckauf las quejas de los banqueros por la presunta exigencia de sobornos de los senadores para frenar el proyecto Barrionuevo.
Ayer, el propio Ruckauf les solicitó a Walsh y Christopher que "colaboren" con el objetivo de esclarecer el caso. Paralelamente, el encuentro de Duhalde con senadores del PJ (previsto para anoche) se postergó para el martes próximo a pedido de los legisladores.
Si bien ningún testigo respaldó el relato de Catan -quien corroboró el contenido de su artículo frente a Bonadío-, los datos tomados de las agendas secuestradas a hombres de ABA fortalecieron los indicios iniciales sobre el supuesto cohecho. Y, en base a nueva evidencia, podría conocerse en las próximas semanas una acusación formal de la fiscalía.
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La Ciudad
