El directorio del Colegio de Abogados de Rosario salió a exigir el cumplimiento de los acuerdos sellados en el Consejo de la Magistratura para avanzar hacia un nuevo sistema de selección de jueces basado en concursos de antecedentes y oposición. En su momento, la institución de los abogados rosarinos instó con énfasis el cambio de sistema para reemplazarlo por un mecanismo basado en reglas claras y con oportunidades para todos los aspirantes a la magistratura. Tras mucho debatir para conciliar posiciones entre los integrantes del Consejo -que representan a la Corte, a los magistrados, al gobierno y a los abogados- se acordó entre todos un nuevo reglamento para su funcionamiento. El problema es que nunca entró en vigencia porque falta un decreto del gobierno que le dé fuerza legal.
Al reclamo del colegio rosarino para que cese la demora oficial se agrega una urgencia. Existen juzgados que por diferentes motivos se han quedado sin juez. Para cubrir las vacantes, la presidencia del Consejo de la Magistratura decidió utilizar el viejo sistema y convocó a sus miembros para debatir hoy las postulaciones a dos cargos de camaristas, uno para la Sala IV en lo Civil y Comercial y otro para la Sala III en lo Penal, ambas de Rosario. Frente a esta decisión, la reacción del Colegio fue no concurrir a la reunión, una postura que ya adoptó en anteriores ocasiones, porque "la elección a llevarse a cabo no cumple con los principios mínimos que aseguren la selección sobre bases objetivas, antecedentes, oposición y entrevista", expresó la institución en un documento público que bajo forma de solicitada se publica en esta edición.
Miembros del directorio rosarino explicaron ayer a La Capital que están a favor de la cobertura de vacantes, pero "no a cualquier precio". Así, el secretario Gustavo Vera remarcó que la única salida es la pronta aprobación del reglamento, "que fue en su momento consensuado no sólo por los colegios de abogados de la provincia, sino también por el de magistrados, por la Corte Suprema y por el gobierno, a través de dos vías: el subsecretario de Justicia y el representante personal del gobernador". "Esta fuerte exigencia se sustenta, además -tercia el tesorero Carlos Alberto Guevara- en la necesidad de transparencia que debe provenir del poder público para recuperar la confianza perdida en las instituciones".
Adicionalmente a este ya histórico reclamo, los abogados rosarinos creen llegada la hora de modificar también la composición y las reglas del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de juzgar la conducta de los jueces y destituirlos si encuentra motivos. El vocal Ricardo Dagotto lo fundamenta en que "con la legislación vigente, una eventual condena a un magistrado queda supeditada a la voluntad de sus pares, ya que en el jury no tienen suficiente representación los colegios profesionales ni la sociedad". Sobre la base de lo expresado, el colegio rosarino estudia una propuesta de modificación al régimen actual.
Reforma al Código Fiscal
En la misma entrevista con este diario, el vicepresidente Dalmacio Chávarri embiste contra las reformas fiscales instituidas por las leyes 12.015 y 12.036. "Constituyen -sostiene- un bloque de inconstitucionalidad que debe ser derogado de inmediato. El solo hecho de haberla publicado bajo el nombre de reforma al Código Fiscal, cuando en realidad modifica sustancialmente las herramientas de defensa del litigante, implica una burla al sistema republicano, ya que trae aparejado un ocultamiento".
Entrando en materia, Chávarri apunta específicamente contra el artículo 10 de la 12.036: "En cuanto suspende las medidas cautelares hasta tanto se pronuncie sobre las mismas la Corte Suprema de Justicia de la provincia es inconstitucional, pues vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva prevista en los artículos 8, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 18 de la Constitución nacional, además de atentar contra la garantía de propiedad reconocida en el 17 de ésta última y sus concordantes de la provincial".
El abogado ahonda la crítica. "La reforma carece de razonabilidad y hace sospechar que persigue un fin dilatorio que resulta inadmisible. Impide además el ejercicio del poder jurisdiccional de los jueces de grado transformando sus decisiones en palabras inocuas («flatus vocis», dice el jurista), carentes de privacidad, y negando a los justiciables el acceso a la jurisdicción". "Asimismo -remata- el desplazamiento de la competencia a la Corte provincial lesiona el principio del juez natural, por lo que no dudamos que esta reforma será declarada inconstitucional". Sin perjuicio de ello, Chávarri corona su intervención reclamando a los poderes del Estado que procedan de inmediato a poner en marcha los mecanismos legales para su derogación, sea por un proyecto del Ejecutivo o de la Legislatura.
Las tasas de los registros
La vocal María Natalia Stambuk da cuenta de una nota enviada por el presidente del directorio, Mario Holand, al presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, en la que expresa la disconformidad del foro de abogados rosarinos por las tasas retributivas de servicio fijadas por el tribunal (acuerdo 34 del 11 de agosto reciente) para el Registro Público de Comercio y el Registro de Procesos Universales. La abogada señala que "el costo de esos aranceles perjudica el desempeño profesional y la prestación de un normal servicio de Justicia".
En la nota se hace hincapié en que "los montos fijados no guardan proporcionalidad alguna con los costos propios del servicio que se presta sino que atienden a un simple criterio recaudador, propio de un impuesto y lejos de las condiciones que el mismo tribunal establece para las tasas retributivas". Stambuk inscribe el encarecimiento de los trámites judiciales entre los "obstáculos de orden económico y social" que la Constitución manda remover, porque "limitan la igualdad y la libertad de los individuos, impiden el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política, económica y social de la comunidad". Por estas razones la nota de Holand pide a la Corte rever los valores fijados.
La Ciudad
