Con las entidades agroindustriales haciendo punta, distintas cámaras empresarias iniciaron una movida para reclamar al gobierno que reinstale el ajuste por inflación a los efectos de calcular la base imponible del impuesto a las ganancias. Este mecanismo fue implantado en los años 70 y eliminado durante la convertibilidad. Luego de la devaluación, lo reclaman fundamentalmente los sectores exportadores que temen verse obligados a pagar por una "ganancia ficticia" derivada de la inflación.
El ajuste por inflación es uno de los viejos temas que reaparecieron con el fin de la convertibilidad. Más allá de las discusiones que puede abrir en el futuro sobre la modalidad de aplicación, los productores agropecuarios y algunos sectores industriales intentarán en lo inmediato lograr que el gobierno lo reinstale derogando un artículo de la ley por la cual Cavallo lo eliminó en el 92.
Enrique Lingua, que asesora a la Bolsa de Comercio de Rosario en cuestiones impositivas, recordó que "el ajuste por inflación impositivo tuvo su razón de ser hasta 1992 para evitar que la inflación carcomiera el capital obligando a pagar impuestos sobre bases ficticias". Es lo que pasaría, a su juicio, actualmente en el caso de los sectores agropecuarios y de exportación que "frente a una inflación que supera el 100% y una exorbitante alza de la cotización del dólar" se encuentran con ganancias impositivas "de tanta magnitud" que están por encima de la utilidad real.
"En una empresa de base agrícola, por ejemplo, tenés que valuar la existencia de soja al precio de mercado pero como la existencia inicial está a valor del año pasado, cuando el dólar estaba uno a uno, te da una enorme disminución del costo de venta y aumenta mucho la utilidad", señaló Lingua. Explicó que "es verdad que con un dólar a $3,60 tenés más ganancia pero buena parte de eso es inflación, es una utilidad ficticia, por eso lo que se pide es que se pueda deducir ese porcentaje a la hora de calcular el pago del impuesto".
Lingua señaló que, con la legislación actual, se termina gravando una ganancia que es mayor a la utilidad neta, con lo cual el impuesto a las ganancias se desnaturaliza y se convierte en un impuesto al capital. Aclaró que "una cosa es la ganancia generada por la propia actividad y otra son los ingresos por situaciones coyunturales, como el hecho de valuar un activo al precio de mercado de reposición, que está afectado por la inflación".
Un modelo realizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) arrojó como resultado que un productor de 400 hectáreas que compró insumos el año pasado y vendió la soja este año tendría que pagar 169 mil pesos de impuesto a las ganancias. Aplicando el ajuste por inflación esa suma sería de 40 mil pesos.
Esto explica en gran medida el silencio del gobierno frente a los reclamos que han surgido de distintas entidades. El fisco se prepara para embolsar una recaudación tan extraordinaria como la ganancia de los productores. Lingua advirtió que cuando se dispuso salir de la convertibilidad, el Ejecutivo sí tomó los recaudos para evitar los efectos de la inflación en el caso inverso. Es decir, cuando una empresa presenta quebrantos impositivos.
Recordó que la ley de emergencia pública obligó a que los quebrantos impositivos ocasionados por la salida de la convertibilidad sean computados en cinco cuotas anuales. "Pero cuando hay ganancias deben tomarse al 100% ahora", se quejó.
El cálculo de lo que deberán pagar por ganancias ya comenzó a generar pánico en muchas empresas que cerraron el ejercicio a mitad de año pero lo peor está por venir para los productores independientes que cierran el balance a fin de 2002 y deberán pagar en mayo próximo. "Si no se les permite convertir las utilidades en beneficios reales, caerán en serios procesos de descapitalización", advirtió.
Reclamo regional
El tema fue tomado por entidades como la Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Aacrea y la semana próxima será la Bolsa de Comercio de Rosario la que saldrá al ruedo, con pedidos de audiencia al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Sarghini, y también al ministro de Hacienda de Santa Fe, José María Candioti. La idea de interesar al gobierno provincial para que haga gestiones ante la Nación se explica en el impacto que tiene el tema en la relación fiscal entre la Nación y las provincias.
La Ciudad
