Isolda Baraldi / La Capital
El gobierno de la provincia encarará una profunda reformulación y modernización de la policía. El plan, que comenzará el 15 de octubre y durará cuatro años, será solventado por la Unión Europea (UE) con un subsidio de 3,7 millones de euros (unos 3.634.000 dólares) y estará dirigido por especialistas franceses. Así lo anunció a La Capital el ministro de Gobierno santafesino, Esteban Borgonovo, quien aseveró: "La filosofía de este proyecto es capacitar y modificar normas de procedimiento policial, para que el servicio sea absolutamente compatible con el Estado de derecho y la vida democrática".
El acuerdo establece priorizar la capacitación conceptual y operativa de los agentes, promover la participación comunitaria y la actualización de la reglamentación interna y legal que regula el accionar de la policía.
El gobernador Carlos Reutemann ya firmó el convenio con el embajador en Argentina de la UE, Vittorio Alloco. El próximo 15 de octubre desembarcarán en Santa Fe dos especialistas franceses en seguridad, Claude Lauri y Elizabeth Jacoud Pérez, que codirigirán el proyecto junto a dos profesionales locales
El convenio no significará una erogación en dinero por parte de la provincia, ya que la contraprestación exigida por la UE es el aporte de infraestructura, personal y sistemas informáticos, entre otros elementos de logística.
En principio los especialistas franceses y santafesinos harán un esquema de tareas para abordar en forma global el problema de la seguridad. La iniciativa prevé no sólo la puesta en marcha de cursos y talleres de capacitación, sino el seguimiento en terreno del accionar policial: evaluar la efectividad de los operativos y el cumplimiento de las normas legales que los rigen.
"A partir de un análisis exhaustivo se trabajará con todos los estamentos gubernamentales, como los poderes que hacen a la seguridad pública, y también con la comunidad toda", explicó el ministro.
En el convenio está prevista la llegada de otros profesionales europeos que se harán cargo de las distintas propuestas de trabajo: formación profesional, esquemas comunicacionales y reformulación legislativa, entre otros. A su vez, funcionarios policiales y gubernamentales viajarán al Viejo Continente como parte de la capacitación planteada.
Borgonovo resaltó que el proyecto trasciende a las respuestas urgentes que plantea el problema de la seguridad pública. "Es una óptica a largo plazo, que además tiene la garantía de que se convierta en una política de Estado, que se llevará a cabo durante cuatro años", aseguró.
La unidad ejecutora del proyecto, integrada por los especialistas europeos y santafesinos, será la responsable de trazar el organigrama de trabajo de aquí al 2006.
"También tendrán un permanente contacto con las entidades intermedias, las organizaciones no gubernamentales, los estamentos públicos que estén relacionados con la seguridad y los medios de comunicación", remarcó el funcionario.
En el convenio se acordaron tres grandes ejes de trabajo. Así, se analizará la labor de la Escuela de Cadetes, se abordará la resolución de conflictos intrafamiliares de los agentes santafesinos, y se pondrá en marcha una red operativa entre la policía y las universidades. En ese marco se trabajará en la reducción de detenciones no justificadas. "El objetivo es la consolidación de la policía al Estado de derecho", insistió Borgonovo.
El otro aspecto es la promoción de la participación comunitaria en los problemas de seguridad. "Ya estamos trabajando desde hace meses en este sentido con la junta promotora de seguridad, con muy buenos resultados, es decir que estamos avanzados", afirmó.
Y finalmente se abordará todo el andamiaje legal y reglamentario del accionar policial. Así, se promoverán reformas que determinan los procedimientos de los agentes, a la vez que se hará un examen comparativo de las leyes vigentes con la experiencia de los países más adelantados. En este punto los especialistas europeos resaltan la importancia de la "visibilidad" del trabajo, es decir, la información y difusión -dentro de la fuerza de seguridad y de la comunidad en su conjunto- de los cambios recientes del Código Penal, y de las leyes nacionales y provinciales vigentes. En especial lo relacionado a menores infractores, los casos de violencia familiar y el abuso de mujeres y menores.
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