Editorial

Los fallos de la Corte

La independencia de los tres poderes del Estado es una herramienta indispensable para cualquier sociedad democrática. La historia contemporánea de los pueblos más avanzados de la tierra demuestra taxativamente que sólo a través del libre juego de las instituciones republicanas es posible la libertad, el disenso, el debate plural de las ideas y el desarrollo pleno de las funciones específicas que a cada área le compete.
Por eso, El Poder Ejecutivo no puede avanzar sobre el Legislativo ni el Judicial, pero tampoco ser objeto de presiones a través de fallos o de la sanción o postergación de leyes. Para ser más precisos aún, el Ejecutivo tiene a su cargo las políticas de Estado y su aplicación que incluye, obviamente, la fijación de la política económica de un país. Cuando los ciudadanos consideran que esas políticas avanzan sobre sus derechos, la Justicia interviene para determinar si han sido violadas las garantías constitucionales.
En esta Argentina convulsionada y que todavía no encuentra el rumbo para salir de la crisis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está tomando un protagonismo que, al menos, podría considerarse excesivo. A través distintos fallos, que generalmente se producen con una mora impensable para situaciones que requieren celeridad, condiciona la marcha de la política económica que acertada o equivocadamente implementa el gobierno nacional.
Pero lo que más causa cierto resquemor es que esos fallos dan la sensación de haberse elaborado en el marco de la presión que ejerce otro poder -el Legislativo- donde hay varios proyectos pendientes de tratamiento para iniciar juicio político a todos los integrantes del máximo tribunal de justicia de la Nación. Los ciudadanos de este país asisten a tironeos y especulaciones entre los tres poderes que parecen orientar los fallos, los proyectos legislativos y las políticas de Estado.
La Corte, desprestigiada como todas las instituciones del país, no puede resolver la situación de sus ministros sin tener en cuenta el interés general del país. Sus resoluciones deben ser producidas en tiempo y forma y descontaminadas de cualquier sospecha corporativa.