Santa Fe. - Una fuerte condena pública de los santafesinos hacia el arzobispo monseñor Edgardo Gabriel Storni se advierte en una encuesta telefónica realizada días atrás en esta capital donde solamente el 9% de los consultados admite no tener conocimiento del tema que involucra a la cúpula de la curia, mientras un 81% se pronuncia por su renuncia aunque con distintos matices.
El resultado de la encuesta se conoció ayer, al mismo tiempo que las declaraciones del arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, descalificaba la labor periodística de La Capital y otros medios sobre el tema, conceptos que generaron una oleada de críticas en las radios. También de la Asociación de Prensa de Santa Fe, que anticipó que la Federación Argentina de Prensa (Fatpren) emitirá un duro documento.
Por su parte, el diputado provincial Eduardo Di Pollina, aludido en las declaraciones de Mirás, sostuvo que "de haber sido un ciudadano común el que estuviera acusado de las acciones cometidas por el arzobispo de Santa Fe, seguramente ya estaría preso".
La encuesta fue realizada por la consultora Horacio Robustelli y Asociados con más de 200 ciudadanos de Santa Fe en la que se advierte una condena manifiesta a los colaboradores de Storni, a quien lo ubican entre aquellos a quienes la sociedad les está pidiendo "que se vayan todos".
En la consulta se visualiza un reclamo a sectores de la comunidad política y los medios de comunicación por el silencio observado sobre el tema, que además es seguido con interés en hogares y lugares de trabajo, como también en comunidades educativas, sobre todo religiosas, a través de debates y pronunciamientos generalmente adversos hacia la cúpula eclesiástica.
El trabajo revela que entre los que conocen el asunto un 70,98% dice que Storni debe renunciar; son un 57,40% los que opinan que debe renunciar y pedir perdón públicamente; un 40,12% los que afirman que debe ser juzgado si hay delito y un 51,85% opina que no debe volver más a Santa Fe.
En relación a los sacerdotes involucrados se dan cuatro opciones: que deben alejarse de la diócesis un 66,04%; que deben renunciar públicamente un 54,32%, que deben ser juzgados si son culpables un 57,40% y que no deben ejercer más el sacerdocio un 39,50%
Finalmente, cuando se consulta a la gente por qué cree que los hechos denunciados estuvieron tanto tiempo silenciados se observa: por el poder del arzobispo un 59%, por el silencio de los políticos un 53,08%; por el silencio de los medios un 57,40%, y por el temor a denunciar un 70,37%.
Un cura rompe el silencio
Por otra parte, ayer el sacerdote Pablo Frigeri, párroco en La Gallareta, en el norte de la provincia, también rompió el silencio y aseguró que "fueron muchos los que siendo seminaristas o curas han sido perseguidos por Storni".
La labor del sacerdote lo ubica en el entorno de monseñor Vicente Zazpe, en las cárceles de Coronda, Las Flores, en la alcaidía y en la División de Asuntos Juveniles de Santa Fe, y sus diferencias en torno a la gestión pastoral lo fueron alejando con traslados y hasta amenazas.
En declaraciones a STV Noticias, de Santo Tomé, admitió que tuvo "algunas amenazas de sanciones canónicas, es decir, suspenderme como cura", al tiempo que confesó sufrir "una advertencia por mi liturgia muy particular, ya que yo decía que Dios esté con ustedes, en vez de que esté con vosotros", y agregó que "en unas cartas que me envió Storni me advirtió y condenó que la línea pastoral que trabajaba no era la adecuada".
Frigeri recalcó que durante su arzobispado los traslados eran cosa común, y que hubo varios casos similares a los de él, pero en el suyo fue bastante claro. "En dos años y medio me cambiaron tres veces de parroquia, y eso no era común ya que no permitía la continuidad del trabajo" y precisó que "cuando me ordené lo único que le pedí fue que me mande a un lugar pobre. Me mandó lejos, a San Jorge primero y a Cañada Rosquín después, dos ciudades que tenían los ingresos per cápita más altos de toda la diócesis, y la provincia".
Otra separación de Grassi
Ayer, los padres autoconvocados del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe realizaron un abrazo simbólico al establecimiento en defensa de su carta fundacional y de la línea pastoral del padre Trucco. En la convocatoria los padres reafirmaron su exigencia de "verdad y justicia", razón por la cual el documento con 284 firmas solicitando que sea separado del cargo de representante legal del colegio el vicario para la Educación, Mario Grassi -imputado de graves delitos penales junto al resto de la cúpula del Arzobispado, - será entregado a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y al Ministerio de Educación de la provincia.
La Ciudad
