Lucas Ameriso / La Capital
Laprida 1818. En esta dirección se levanta un edificio que fue autorizado para que llegue a los 10 pisos de altura, pero que en realidad terminó siendo de 14. La violación al reglamento de edificación les costará a todos los consorcistas 273 mil pesos de multa, que deberán abonar si desean obtener la escrituración de sus propiedades. Pero la cuestión no termina ahí. Es que quien figuró a cargo de la obra es empleado de Obras Particulares, repartición que habilita las construcciones. Además, por entonces, su hermana era funcionaria de esa repartición y ahora es inspectora. Ambos habrían fraguado la habilitación del plano de obra para facilitar un crédito hipotecario (por 1 millón de dólares) y lograr la construcción del edificio.
Luego de que se aprobara un pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad inició ayer una investigación administrativa para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en el caso.
Los hechos saltaron a la luz merced a una ordenanza que establece sanciones pecuniarias a todos las construcciones que hayan violado el reglamento de edificación o el código urbano. Esta suerte de moratoria vence el próximo 11 de octubre.
En el caso de Laprida 1818 los copropietarios fueron informados de las modificaciones antirreglamentarias hechas al proyecto tramitado ante la Dirección de Obras Públicas. La sanción se fijó en 273.273,44 pesos y una vez pagada podrán obtener el final de obra.
Debido a esta multa, los propietarios del edificio ubicado en diagonal a la plaza López se desayunaron de las irregularidades en los planos que les impiden escriturar. Ante esta situación, se presentaron ante la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal para fundamentar el pedido de eximición al pago de la multa. Luego, en la sesión del jueves pasado, se aprobó un pedido de informes sobre el tema.
A fines del 97, cada uno de los nueve consorcistas compró su propiedad ya casi terminada y los constructores les hicieron entrega de un plano conforme a la obra, firmado por Francisco Di Cesare. En la carátula del documento figuraba un sello de la Dirección de Obras Particulares firmado por la directora del área norte, María Lucia Di Cesare. El plano apareció como aprobado en el 96 y supuestamente rubricado por la funcionaria, pero nunca quedó registrado en la Municipalidad, según se aseguró desde la Intendencia.
Sin embargo, los copropietarios adquirieron sus unidades asumiendo proporcionalmente un crédito hipotecario del Scotiabank Quilmes, tomado por los constructores por un millón de dólares para la finalización del edificio en cuestión.
El escándalo motivó ayer la intervención del director municipal de Investigaciones, Ricardo Brunet, quien ordenó al menos cuatro medidas para esclarecer los hechos. En tanto, un alto funcionario de la Dirección de Obras Particulares confirmó que los hermanos Di Cesare se desempeñan bajo su órbita como agentes de esta repartición.
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