La Comisión Investigadora No Gubernamental sobre los hechos de diciembre cuestionó ayer el cierre de la investigación de la muerte de Walter Campos, una de las víctimas de la represión policial, al señalar presuntas irregularidades y omisiones en la causa, a cargo del juez Osvaldo Barbero y las Tropas de Operaciones Especiales, la misma fuerza a que pertenecía el imputado por el homicidio. "La investigación no ha sido realizada con el rigor científico, la imparcialidad, profundidad y la objetividad que la vida de un ciudadano amerita, máxime cuando el accionar de las fuerzas de seguridad se encuentra caracterizado por su brutalidad, el encubrimiento y la absoluta falta de control por parte de la autoridad jurisdiccional", señaló la Comisión Investigadora en un informe sobre el caso. La muerte de Campos "encuadra en los patrones de ejecuciones sumarias: son las propias fuerzas seguridad involucradas las que realizan las medidas probatorias; no hay investigación de las irregularidades que aparecen en las causas por las ejecuciones; existe una presunción a favor de los policías por parte del Poder Judicial". Walter Campos tenía 16 años y fue muerto de un balazo en la cabeza por el sargento Angel Omar Iglesias, francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales. El hecho ocurrió en Olivé y Cabal, cuando se realizaba una entrega de alimentos y el adolescente se hallaba junto a un joven de su misma edad, A. L., que después, en extrañas circunstancias, fue imputado por un presunto intento de incendio. El agente de las TOE sostuvo que no tuvo otra opción más que matar a Campos, ya que el joven estaba armado e iba a disparar contra un efectivo de la comisaría 20ª que se hallaba en el lugar. Tras una investigación, el juez Barbero concluyó por suscribir esta versión y sobreseyó a Iglesias. En un extenso análisis del expediente, la Comisión Investigadora puso de relieve interrogantes, presuntas deficiencias (la ausencia de una reconstrucción del hecho), aspectos dudosos e irregularidades. En este sentido remarcó que "la totalidad de la investigación se realizo sobre la base testigos aportadas por miembros de las TOE, fuerza a la que pertenece el imputado, por los testimonios de los propios miembros de las TOE que participaron de lo hechos y por el testimonio del personal policial involucrado en la muerte de Walter Campos". Asimismo, la Comisión denunció un procedimiento irregular de las TOE, el 22 de diciembre, desconociendo una orden del secretario del Juzgado de Instrucción número 13, que derivó la pesquisa a la División Judiciales. Otro episodio dudoso se planteó en torno al testimonio de A. L., detenido curiosamente de manera casual por las TOE. "Lo que pone en tela de juicio la imparcialidad, objetividad y veracidad de la investigación es que se asienta únicamente sobre los dichos de los propios involucrados y las fuerzas de seguridad interviniente", indicó la Comisión, que cuestionó el hecho de que se hayan aceptado las explicaciones técnicas de Iglesias sin recibir "la opinión de profesionales independientes". Además, la Comisión indicó que aún no fue identificada la persona que dijo que Campos estaba armado. Por otra parte, "son innumerables las contradicciones en relación a las armas que portarían Campos y A. L., ni se ha acreditado que los dos tuvieran armas". De acuerdo a los denunciantes, no se aclararon las discordancias sobre la cantidad de disparos que efectuó el francotirador de las TOE contra el adolescente y no se realizó una pericia del arma para establecer ese punto. También permanecen las dudas respecto a la posición en que se encontraba Campos. "Si estaba cuerpo a tierra (como declaró Iglesias), ¿cómo es posible que cayera boca arriba luego de recibir el disparo?", se preguntó la Comisión. La Comisión Investigadora está integrada por organismos de derechos humanos, legisladores provinciales y representantes de organizaciones sindicales.
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