"Si la educación superior es regulada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un servicio comercial más, se puede legítimamente preguntar para qué servirán los gobiernos nacionales. Si se acepta la propuesta, cualquier Estado que no cumpla con los compromisos firmados con la OMC podrá ser condenado a pagar indemnizaciones a los empresarios o industriales de la educación que se consideren perjudicados y estará sujeto a represalias de los países proveedores de enseñanza, en especial de la enseñanza por Internet". Así destaca Marco Antonio Rodríguez Dias, un prestigioso académico brasileño, a partir de cuya conferencia presentada en la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas se firmó en abril de este año la llamada Carta de Porto Alegre "Llamamiento contra la transformación de la educación en mercancía".
El debate se trasladó a la reunión de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (Augm), que nuclea a 15 instituciones de educación superior públicas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, que se reunieron en la Universidad Nacional del Litoral con sede en Santa Fe, donde se discutieron estrategias comunes para alertar a la comunidad sobre las nefastas consecuencias de estos procedimientos y solicitar a los gobiernos de cada país que no suscriban ningún compromiso en esta materia en el marco de la OMC.
La propuesta de la OMC es un foro de negociaciones comerciales que reúne a 144 países. En 1994 los Estados Miembros de la OMC aprobaron el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Agcs), un conjunto de normas multilaterales que abarca el comercio internacional de servicios, busca regular los intercambios de la oferta y la demanda y ordena el acceso de los proveedores extranjeros a los mercados de cada país.
Como explicó el secretario ejecutivo de la Augm, Jorge Brovetto (Uruguay), en 1998 -dos semanas antes de iniciarse en París el mayor encuentro mundial de educación superior-, el secretariado de la OMC decidió incluir a la educación superior entre los servicios reglamentados por el Agcs, mientras que en 1999 se iniciaron las negociaciones por la liberalización de este nuevo mercado. En 2001, los países miembros aprobaron un nuevo acuerdo en el que se incluye esta "sorprendente propuesta" -según aclaró Brovetto- de un "nuevo actor inesperado en el escenario de debates sobre la educación superior" y que se contrapone con la Declaración de París firmada en 1998, donde se definía a la educación como un bien público.
Principios contrapuestos
Lo que está en discusión no es la existencia del derecho privado para actuar en la gestión de la educación superior .
"Lo que está en juego es si aceptamos la transformación de la educación en un comercio y, más aún, si aceptamos que los Estados renuncien a su poder con capacidad de establecer en nombre de la sociedad y con la sociedad los principios básicos en los cuales fundamentar la formación de sus ciudadanos y velar por que ella fuera pertinente y de calidad", concluyó Brovetto.
Para el rector de la UNL, Mario Barletta a diferencia de la liberalización del comercio de servicios educativos, la propuesta misma de la Augm pasa por "la decisión de avanzar en instancias de integración universitaria en el ámbito del Mercosur, afianzando las alianzas estratégicas en busca de sinergias académicas regionales". Se trata, en todo caso, de pensar otra globalización, basada en los valores de la cooperación y no del negocio, en el intercambio de conocimientos y no de dinero.
Al respecto de esta discusión el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Suárez, disparó: "El mercado no tiene valores, tiene apetitos" -disparó el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, CPN Ricardo Suárez- "y el apetito se calma con ganancias. Eso no es educación". A lo que un colega brasileño agregó: "La educación debe ser siempre ciencia, tecnología, cultura y desarrollo; si no, es simple transmisión de saber y no se forma de esa manera ciudadanos libres y con capacidad crítica para enfrentar el mundo que vivimos".
La Ciudad
