Una eventual autorización de aumentar las tarifas públicas pondrá al gobierno frente a mayor recesión y presión social, una aceleración del nivel inflacionario y procesos judiciales por violación a la ley de emergencia pública, advirtieron las asociaciones de usuarios.
"Hoy no están dadas las condiciones económicas, políticas ni sociales para ningún tipo de aumento tarifario, la Argentina cambió y hay que volver a barajar y dar de nuevo en el tema de las tarifas", dijo Patricia Vaca Narvaja, presidente de Consumidores Argentinos, entidad que integra el Foro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Precisamente desde ese foro las distintas asociaciones sostienen que la actual administración debería dejar la cuestión al próximo gobierno.
Según Vaca Narvaja, "hay que dar una discusión general y volver a definir qué son tarifas justas y razonables, es decir que permitan sustentabilidad y calidad del servicio, que permitan a la gente tener su derecho a conectarse pero también a seguir conectados en el tiempo, y que le permita a la empresa tener una rentabilidad razonable".
"Para eso es necesario un poder de renegociación de los contratos que hoy el gobierno no está en condiciones de dar y lo va a tener que dar el próximo gobierno", aseguró.
El impacto sobre el consumo es la principal preocupación de las asociaciones, que calculan que cada 10% de aumento en las tarifas de los cuatro servicios esenciales (luz, agua, gas y teléfono), sólo aplicado a los usuarios residenciales, implicaría un 1 ó 1,5% de inflación.
"Si se pide un aumento mayor a industrias y comercios, y sabemos que en Argentina la mayoría hace un traslado automático del porcentaje del aumento a los precios, la inflación aumentaría aún más", pronosticó Vaca Narvaja.
Adicionalmente, en un escenario "donde no hay reactivación ni posibilidad de mayor consumo, ni acuerdo con el FMI, estos aumentos restan más capacidad de consumo de estos bienes. Se deteriora más, ya no la posibilidad de reactivación, sino de mantenimiento de producción de otros bienes", advirtió.
En la microeconomía, un aumento del 10% en cada uno de estos cuatro servicios representa para una familia con ingresos de 400 a 500 pesos un aumento de gastos de entre 50 a 60 pesos mensuales, según el cálculo de Consumidores Argentinos, en base a datos de la consultora Equis.
Los incrementos generan, por otra parte, una incidencia despareja según el sector social. "Para el que menos gana el porcentaje d e aumento es mayor -explicó Vaca Narvaja- pero además se da otra situación, que es que los servicios de luz y gas tienen cargos fijos, que proporcionalmente paga más el que menos consume porque está pagando una infraestructura que utiliza menos".
El otro frente de lucha de las entidades de usuarios es la exigencia de que se cumpla la ley de emergencia pública, que dispone el congelamiento de las tarifas, y lleva la cuestión de los aumentos a una de una discusión mucho más amplia: la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos.
"Queremos ver toda la película y no sólo la fotografía, la ley habla de revisión integral de todos los contratos, y aquí se encuadran desde las inversiones, cumplimiento e incumplimiento, multas, rentabilidades, eficiencia o ineficiencia en la prestación, estructura de costos, y el impacto que ha tenido la devaluación, todo en el marco de la emergencia económica por la que atraviesan todos los argentinos, y especialmente más de la mitad que esta bajo la línea de la pobreza", precisó la titular de Consumidores Argentinos.
De acuerdo con los términos de la ley, la revisión de los contratos de concesión debe darse en el seno de una comisión renegociadora, integrada por representantes de aquellas secretarías del Ministerio de Economía coincidencia en el área en cuestión (de Transporte, Comunicaciones, Energía, etc.), un representante de las asociaciones de usuarios y el ombudsman nacional (Eduardo Mondino), que se alejó del cuerpo por diferencias con el Ejecutivo.
La comisión renegociadora, cuyo plazo de funcionamiento de 120 días ya venció, es la única autoridad que puede formular propuestas de nuevos contratos, y tanto las audiencias públicas como el Congreso, instancias posteriores en la discusión, están obligados a trabajar en base a dichas propuestas.
"Como la tarea de analizar una propuesta para poder negociar no se llevó a cabo como corresponde y los plazos de la comisión ya vencieron, entonces parece que Economía optó por intentar darles a las concesionarias un aumento a cuenta y después seguir renegociando", señaló.
Esto, dijo, "es violatorio de la ley de emergencia pública".
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La Ciudad
