En tiempos donde los números no cierran, los impuestos se convierten en una salida inmediata a la que echan mano los gobiernos para paliar el rojo. Aunque criticada por retrógrada y retardadora de la actividad económica por algunos economistas, la mayor presión fiscal es una herramienta que en los últimos años sirvió no sólo para intentar sanear las cuentas públicas sino también para financiar el gasto político.
La administración nacional vuelve a la carga en un escenario donde la inflación crece y los salarios y la actividad económica siguen estancados. El Ministerio de Economía elevó al Congreso un nuevo paquete impositivo que busca inyectar al Estado unos 600 millones de pesos. Se argumenta que este proyecto no se hubiera desempolvado si la Corte Suprema no hubiese dejado sin efecto el recorte del 13 por ciento en los sueldos de estatales y jubilaciones.
La decisión, que fue rechazada por "poco imaginativa y generadora de mayor evasión" por tributaristas consultados por La Capital no cayó tan mal entre los funcionarios de la provincia de Santa Fe, una administración que ya empezó a barajar alternativas similares para el ámbito santafesino.
Así lo planteó el gobernador Carlos Reutemann, en particular respecto al impuesto inmobiliario rural, con el argumento de que la provincia es una de las principales productoras de soja y leche, dos productos netamente exportables, y por ende el sector agropecuario está en condiciones de soportar una mayor presión fiscal, especialmente por los buenos números de esta campaña agrícola.
De todos modos, el flamante ministro de Hacienda, José María Candioti, salió a calmar los ánimos y aseguró que durante este año no habrá ninguna modificación. El gobierno santafesino quiere esperar hasta a ver la evolución de los flujos de coparticipación más cerca de fin de año antes de tomar una decisión.
De todos modos, el nuevo paquete impositivo que estudia la Nación podría caer como un regalo del cielo para las arcas provinciales. En ese sentido, el secretario de Finanzas provincial, Miguel Angel Asensio, indicó que "ese impacto fiscal, de ser favorable, significará en un esquema de coparticipación flotante o variable, algún incremento leve en los flujos para las provincias". Aunque dejó en claro que todo estará supeditado "a la reacción del sector productivo, que necesariamente va a estar ligado al tipo de actividad de la cual se trate".
En este punto es donde los tributaristas, que a diario están en contacto con los contribuyentes, ponen sus quejas.
"Esto va a conspirar contra la producción", señaló Enrique Lingua, especialista en derecho tributario de Rosario. "No podemos tener un sistema tributario maleable a las necesidades de cada gobierno, hay que ser consecuente. Me parece desacertado aumentar la presión fiscal cuando se está tratando de recrear la actividad económica", disparó Lingua.
En el mismo sentido se expresó Oscar Feuillade. Para el especialista, esta nueva presión fiscal que se estudia desde la Nación "aumentará la rebelión fiscal y la evasión".
"Hoy la gente se siente usada, cree que su dinero es utilizado para una política de reparto que no resuelve el problema social de la Argentina", dijo Feuillade y agregó: "Por otra parte, además de la pérdida de confianza, la gente tiene cada vez menos plata".
El paquete en estudio
La propuesta que el Ejecutivo envió al Congreso y que actualmente está en estudio en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, contempla una mayor presión fiscal, pero no a través de la creación de nuevos impuestos sino mediante un mecanismo de eliminación de exenciones vigentes y de modificación de alícuotas de gravámenes ya existentes.
Se prevé derogar la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, gravar con el impuesto a las ganancias a los reintegros por exportaciones y cargar con 1% por ciento a los Lecop y otros títulos que se utilicen para el pago de impuestos nacionales y provinciales.
También se plantea eliminar el crédito fiscal por aportes patronales, un impuesto a los activos que muchas empresas no pagan por estar dentro del régimen de competitividad y eliminar las exenciones a las provincias patagónicas que hoy no tributan el impuesto a los combustibles.
Feuillade se asombró por lo inédito de la medida y recordó que en abril de este año, antes de que se retirara el ex ministro Remes Lenicov de Economía, hubo una reunión donde el gobierno consultó a los principales especialistas tributarios y "las cosas que se recomendaron en ese momento eran todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora", dijo el contador rosarino.
Un caso paradigmático es la decisión del gobierno de eliminar la exención a la renta mínima presunta si se tiene en cuenta que en la campaña electoral de 1999 el entonces candidato presidencial del justicialismo, Eduardo Duhalde, postulaba la eliminación del impuesto, cuyas exenciones ahora se pretende derogar.
De todos modos los números son seductores. La recaudación prevista con la eliminación de la exención a renta mínima presunta sería del orden de los 250 millones de pesos.
Como el menú del aumento es variado y el impacto no es simétrico en todos los sectores, los especialistas se ocuparon de discriminar de qué modo golpeará a cada rubro de la economía.
Por caso, el pago de ganancias a los sectores eximidos por competitividad "va a tener un efecto negativo porque aumentará la carga en lugar de alivianarla para que la gente produzca más", dijo Lingua.
El impuesto a la renta mínima presunta "debería estar derogado porque es un impuesto a los quebrantos de las empresas", comentó Feuillade.
Mientras que en el caso de la carga de 1% sobre pago con Lecop o títulos buscará blanquear operaciones en negro que se suelen hacer con esa cuasi moneda y que este papel pague el mismo impuesto que pagan los cheques.
"Lo interesante de esto, como el resto de los gravámenes, es que el Estado explique claramente a quién se lo aplica, cómo lo recauda y cómo lo controla", dijo Lingua. "Tiene que haber certeza de la recaudación y hoy me da la sensación de que no la hay", agregó.
Por otra parte, reclamó al gobierno "la reimplantación del ajuste por inflación, que fue derogado en los 90 y permitiría neutralizar el efecto de ganancias que se aplique sobre las utilidades generadas en un sistema inflacionario".
"Cerrando brechas"
Mientras los analistas privados salieron con los tapones de punta ante este nuevo proyecto, desde las filas del gobierno pusieron sus razones sobre la mesa para defenderlo.
El senador nacional por Santa Fe Oscar Lamberto, un hombre que durante años presidió la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y vio pasar más de un impuestazo por sus manos, explicó que "la idea es ir cerrando brechas del sistema, que se acote en lo posible la evasión".
"Hoy el problema fiscal en Argentina se tornó más que complejo", dijo. "Por un lado el país no tiene crédito, no puede emitir porque esto impacta en el tipo de cambio y en los precios y la recaudación es muy baja", explicó.
A su criterio, en el caso del pago de ganancias por reintegros de exportación la modificación es razonable.
En este sector "por un lado se cobran retenciones y por otro se devuelven con los reintegros", dijo.
"Antes de la devaluación estos mecanismos de devolución de impuestos servían para mejorar el tipo de cambio de los exportadores, pero ahora quedaron fuera de época", agregó el legislador.
En este punto, el especialista en temas impositivos Oscar Feuillade fue muy crítico. "Hay antecedentes de quita de exenciones a los reembolsos de exportación en la época de (la dictadura de Juan Carlos) Onganía y el Estado se llenó de juicios que en definitiva los termina pagando el pueblo".
Por otra parte, el senador Lamberto reconoció que hay que subsidiar a la Patagonia, pero consideró que "probablemente haya que cambiar el mecanismo para hacerlo, porque actualmente hay muchos nichos de evasión y la gente no recibe nada", dijo.
Lamberto no come vidrio y no dejó de destacar que "el actual sistema tributario está diseñado para un proceso de estabilidad y alto consumo, con lo cual hay que repensarlo porque las condiciones del país son distintas a las de hace un año atrás".
Su fórmula para una reforma fiscal pasan por ejes como una revisión del IVA en un país que exporta y no importa prácticamente nada, y una modificación en la estructura de ganancias: "Lamentablemente los impuestos que más se recaudan son los más distorsivos como las retenciones, el impuesto al cheque o a los combustibles".
Ni tanto, ni tan poco
Para el secretario de Finanzas de Santa Fe, Miguel Angel Asensio, el proyecto nacional no tiene un efecto unívoco. "Hay algunos sectores -como el caso de los cigarrillos- en los cuales algunas desgravaciones no tuvieron o tuvieron escaso impacto en los precios finales", dijo.
Con lo cual "el diferencial, producto de esas exenciones, fue apropiado por el sector privado", agregó. Razón por la cual una mayor carga fiscal no tendría por qué afectar a este sector.
Defensores y detractores, todos coinciden en que esta nueva presión fiscal llega en un momento sin precedentes para la Argentina.
"No se lo puede comparar con nada porque esta es la peor crisis del siglo", dijo Lamberto. Una opinión con la que coincidieron los tributaristas consultados, para quienes incluso el "impuestazo" de Machinea, al principio del gobierno de la Alianza, quedó chico, pese a los alcances que tuvo. "El país era otro", dicen a coro.
La Ciudad
