Año CXXXV
 Nº 49.588
Rosario,
domingo  01 de
septiembre de 2002
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"Mil pruebas" para la ilegalización del pro etarra Batasuna

Madrid. - El gobierno español dice haber reunido "mil pruebas" acerca de la implicación de Batasuna en las actividades de la organización terrorista vasca ETA, un expediente mediante el cual espera convencer a la Justicia de que prohíba al partido vasco de izquierda nacionalista.
En espera de producir su efecto sobre los jueces del Tribunal Supremo, a los que será presentado el martes, el anuncio de ese millar de pruebas impresionó a los medios de comunicación españoles, que retoman ampliamente esta fórmula en sus titulares del sábado. Sólo la prensa catalana, sensible a las preocupaciones regionalistas, y el diario de centroizquierda El País dan prioridad a las declaraciones del jefe de gobierno regional vasco, Juan José Ibarretxe.
El impresionante expediente preparado por el gobierno muestra, según muchos observadores, que su ofensiva contra el entramado organizativo cercano a ETA no está todavía asegurada, a la luz de los primeros resultados de la suspensión por tres años de las actividades de Batasuna, decretada por el juez Garzón el 26 de agosto.
Las principales sedes de Batasuna en el norte de España, o sea unos veinte locales, fueron en efecto sellados, pero el sitio web de la formación continuaba funcionando ayer sin problemas y múltiples sitios regionalistas o anticapitalistas le sirven de enlace.
Y los consejeros municipales de Batasuna en la localidad de Barakaldo (norte) anunciaban ayer en su sitio que van a cesar de actualizarlo, pero que sus textos seguirán visibles "diga lo que diga cualquier ley extranjera", o sea, española.
Batasuna no tiene derecho a organizar manifestaciones, pero nada impide a un grupo de simples ciudadanos convocar a una manifestación para hoy en San Sebastián para protestar contra "la grave situación" en el País vasco.
Queda el asunto de los representantes de Batasuna en el extranjero. La policía española ha recogido información sobre la existencia de sedes en Francia, Bélgica y Nicaragua y el juez Garzón pedirá su cierre a las autoridades competentes, a su regreso de Nueva York, a donde viajó para recibir un doctorado honoris causa. (AFP)


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