Rápidamente, un día después que se conoció la recomendación del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena advirtió que esa decisión "contribuye a que se genere o se agrave el estado de incertidumbre que existe en las fuerzas armadas".
Además, no dejó de señalar que sería "absolutamente irrazonable" y "lamentable" que este tema quedara en el medio de la complicada relación que la Corte mantiene con el gobierno de Eduardo Duhalde, y que los involucrados sean tomados como una "suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado".
Jaunarena apuntó enérgicamente contra la opinión de Becerra quien, a través de dos dictámenes, respaldó la decisión de los jueces federales Gabriel Cavallo -ahora camarista- y Claudio Bonadío de decretar la nulidad de las leyes de impunidad para someter a proceso penal a ex represores.
"La verdad es que no es saludable" porque "a ninguna sociedad le hace bien tener abiertas heridas como éstas durante tanto tiempo sin que tengan un cierre definitivo", alertó el ministro radical.
En diálogo con una radio porteña, el ministro insistió en que "no hay ninguna sociedad, ni en la Argentina ni en ninguna otra del mundo, en la que después de 25 años haya gente que no sepa exactamente cuál es su suerte final".
La Cámara Federal porteña ya confirmó las resoluciones de Cavallo y Bonadío y ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que fallar en el tema.
"La opinión del procurador Becerra es la opinión de Becerra, eso no quiere decir que sea vinculante para la Corte", enfatizó Jaunarena, que también sostuvo que "la opinión del procurador, que coincide con un fallo del juez Cavallo, en un caso, y del juez Bonadío, en otro de primera instancia, contribuye a que se genere o se agrave un estado de incertidumbre que existe dentro del personal de las fuerzas armadas".
Cuando se le preguntó si hay militares en actividad que podrían ser citados a declarar en el caso de que el máximo tribunal de Justicia considerara inconstitucionales las leyes de impunidad, Jaunarena reflexionó que "vinculados con esos hechos no muchos, porque estos hechos se produjeron hace más de 25 años".
"El decurso del tiempo hace que la mayoría del personal que pudo haber participado en ellos o que pudo haber estado en las fuerzas armadas en esa época, estén en situación de retiro", añadió.
Sobre si este asunto podría quedar en medio de la pelea desatada entre el Ejecutivo y la Corte y entonces ser incluido en la serie de temas que podría utilizar el Tribunal para evitar su juicio político, Jaunarena indicó que "eso, por lo menos, es lo que esta instalado en la creencia generalizada".
"Realmente lamentable"
En ese sentido, aseveró que "si fuera cierto lo que se ha comentado en diarios y medios de prensa, y yo no tengo elementos de juicio como para afirmarlo de ninguna manera, sería realmente lamentable".
"Lo que resulta absolutamente irrazonable es que sea en cierto modo utilizada una cuestión tan delicada como ésta, que tiene que ver con la libertad y con la suerte de mucha gente, como una suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado", concluyó.
La Ciudad
