Santa Fe. - La Iglesia Católica inició ayer el desfile de los miembros de su cúpula santafesina por los Tribunales con la presentación del vicario general, Hugo Capello, el vicario para la Educación, Mario Grassi, y el canciller Carlos Scatizza, todos imputados del delito de coacciones agravadas contra el padre José Guntern, que los denunció por obligarlo con amenazas para que se retractara de afirmaciones sobre la conducta del arzobispo Edgardo Storni. Fuentes allegadas a la investigación no descartan que en los próximos días se ordene un careo de Capello con Guntern.
En medio de especulaciones sobre el carácter de sus camparecencias en los Tribunales -se decía que lo hacían espontáneamente para evitar una indagatoria- el primero en acceder al despacho del juez de la tercera nominación, Julio César Costa, fue Capello, quien es hoy su principal conductor provisorio del Arzobispado -tan cuestionado como monseñor Edgardo Storni, cuyo destino se decide por estos días en Roma-. Su llegada al Palacio Judicial se produjo entre el asedio periodístico, imperturbable y en silencio, del mismo modo que salió tres horas y media después.
Capello fue señalado por el sacerdote José Guntern como quien ordenó su virtual secuestro para ser llevado en un auto de la curia -conducido por el canciller Scatizza junto al vicario general- desde su domicilio hasta la sede del Arzobispado para hacerle firmar ante escribano un acta que no le permitieron leer. "Firmá, ¿no sabés que te podés morir mañana?", aseguró en su presentación Guntern que le repitió varias veces Capello.
Luego del hecho intimidatorio del que fuera víctima, Guntern formalizó una denuncia policial que motivó la intervención del juez Costa y la investigación que ayer llevó además de Capello a su despacho a otros dos integrantes de la conducción eclesiástica santafesina.
Capello no recurrió ayer a los servicios de un abogado particular ante Costa, el secretario Leónidas Candioti Leiva y el fiscal Carlos Romero, por lo que debió ser asistido en el momento de la indagatoria por el defensor general Nº 6, Jorge Pegassano.
Presencia con rumores
A su turno, el vicario para la Educación del Arzobispado, Mario Grassi, fue el segundo de la jerarquía eclesiástica que debió acceder a los requerimientos del juez Costa por los mismos cargos de coacciones agravadas en perjuicio de Guntern. Al igual que monseñor Capello, fue impermeable a la requisitoria periodística y tampoco requirió asistencia profesional particular, por lo que también debió asistirlo el defensor Jorge Pegassano.
Pero la presencia en Tribunales de quien la escritora Olga Wornat en su libro "Nuestra Santa Madre" describe como "perdido por la joda" fue la que más interés despertó en los ámbitos políticos, donde una discreta inquietud pareció dominar la jornada. Dada la incidencia directa y pública que el Arzobispado ha mantenido con los gobiernos provinciales en materia educativa -desde el nombramiento de funcionarios hasta la distribución de fondos oficiales destinados a la educación privada- Grassi es considerado como el más visible vínculo entre los poderes eclesiástico y político.
Precisamente, su llegada a los Tribunales fue precedida por versiones que hablan de supuestos negocios económicos prohijados por Grassi, en base al flujo de fondos públicos (ver aparte).
Otro dato que ayer no fue posible corroborar debidamente en el Ministerio de Educación señala que el Seminario Arquidiocesano figuraría en los registros de esa cartera provincial como un establecimiento de enseñanza privada. Esto es, sujeto al contralor que de este tipo de institutos debe realizar el área educativa. Ayer no fue posible conocer una respuesta sobre si existió y cuál habría sido en su defecto alguna actuación ministerial ante las versiones que precedieron al escándalo que ahora investiga la Justicia santafesina.
Grassi tuvo que esperar en la secretaría del Juzgado hasta que terminara la indagatoria a Capello. Tiempo en que según las versiones su ánimo habría flaqueado y se habría quebrado al punto de llegar a las lágrimas.
Breve, pero no tanto
En tanto, la del canciller del Arzobispado, Carlos Scatizza, fue la más corta de las tres indagatorias que ayer tomó el juez Costa en la investigación que dirige para determinar las presiones a las que se sometió al cura Guntern. No obstante, el trámite igualmente demandó cerca de dos horas.
El trámite judicial se inició poco después de las 14 y el imputado no formuló declaraciones tanto al ingresar a los tribunales como su salida. En cambio lo hizo uno de sus abogados dado que, a diferencia de Capello y Grassi, los otros miembros de la Iglesia sindicados de haber amenazado de muerte a Guntern para que firmara una retractación a sus dichos sobre un acoso sexual de Storni a un seminarista, se presentó con el patrocinio de dos abogados particulares del foro local.
Uno de ellos, el doctor Pablo Guastavino, declaró a la prensa al término de la indagatoria que su defendido "está en muy buena situación" y que "es totalmente inocente y que ha sido lo suficientemente claro ante el juez. No podemos decir a los medios lo declarado ante el juez, pero creemos que ha demostrado que no tiene nada ver".
Cuando se le preguntó a Guastavino si Scatizza respondió saber para qué fue a buscar al padre Guntern el 22 de agosto a su domicilio y luego lo condujo junto a Capello en un auto de la curia hasta la sede arzobispal, dijo: "No creo que haya sabido con precisión el alcance o cómo se iban a desarrollar los hechos después, pero sí que tenía instrucciones de la superioridad de ir a buscarlo".
Estas expresiones parecieron confirmar la especie que circuló en Tribunales, según la cual Scatizza involucró directamente Capello como autor de los hechos, desligandose de los mismos y de cualquier responsabilidad dada su condición de subordinado del vicario general.
La Ciudad
