El gobernador Carlos Reutemann y su ministro de Hacienda, José María Candioti, se entrevistaron ayer al mediodía en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna. La reunión se extendió por espacio de una hora y el Lole se retiró evitando el contacto con los medios de prensa. Más allá del absoluto hermetismo de ambas partes, se supo que las autoridades santafesinas le transmitieron al jefe del Palacio de Hacienda los problemas que generan los atrasos en los giros de la administración central.
La entrevista, pedida por Reutemann según consignaron voceros del Palacio de Hacienda, sirvió para presentar a Candioti ante las autoridades del gobierno central pero también para abordar algunas cuestiones candentes. La tardanza en la remisión de fondos de coparticipación federal y el cumplimiento de algunos de los compromisos establecidos en el último pacto fiscal habrían sido parte de este contacto.
En rigor, el problema de la llegada de los recursos de coparticipación no sólo afecta a las cuentas santafesinas. Previo a la entrevista con Reutemann y Candioti, Lavagna recibió a un grupo de legisladores nacionales, que plantearon la preocupación que existe en distintas provincias argentinas por el stock de deuda acumulado.
Se trata de un stock de deuda por 400 millones de pesos (acumulados hasta junio último) que no fueron coparticipados porque fueron aportados al fisco nacional por grandes empresas que pagaron con títulos públicos.
Los legisladores tienen previsto tratar un proyecto de ley en el Congreso destinado a regular la situación en materia de coparticipación.
Fuentes parlamentarias indicaron que las iniciativas apuntan a que la Nación sólo acepte pesos o Lecop para el pago de los impuestos o bien a que, si acepta bonos, sean contabilizados en el total de los fondos coparticipables, aunque después remita en pesos o Lecop lo que le corresponda a cada distrito.
De acuerdo con las estimaciones de los diputados, en el período que va de octubre del 2001 hasta julio del 2002 la Nación habría percibido impuestos con esos títulos y no se habrían incorporado a la torta unos 1.250 millones de pesos. Por ende, se generó un perjuicio al conjunto de de las jurisdicciones provinciales por un monto superior a los 400 millones de pesos.
Arranca el canje de deudas
El subsecretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Arlía, garantizó ayer a los acreedores de los estados provinciales que a partir de octubre podrán percibir los intereses de los compromisos asumidos por la Nación en el marco del acuerdo fiscal firmado por 13 gobernadores.
Se trata de un bono a 16 años que recibirán los acreedores de las provincias y en los próximos días saldrían las resoluciones correspondientes para el canje.
El traspaso de la deuda al estado federal, en rigor al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial administrado por el Banco Nación, será garantizado con hasta el 15 por ciento de los recursos de coparticipación federal de impuestos.
Como garantía secundaria el estado nacional dispuso además la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, y fondos de coparticipación secundaria, excluidos los correspondientes a la seguridad social.
El canje forma parte de los acuerdos que firmaron en febrero el Estado nacional y 13 provincias para la refinanciación de las deudas y el saneamiento fiscal en los distritos involucrados, que incluyen rebajas de déficit del orden del 50 por ciento.
La semana próxima, según anunció el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, los gobernadores del PJ tienen previsto reunirse con el ministro Lavagna para analizar la marcha de los acuerdos.
Según dijo Arlía, "el gobierno y las provincias están comenzado con la ejecución de los acuerdos", algo que se puede notar porque los gobernadores cada vez piden menos asistencia financiera a la Nación.
El funcionario dijo que a enero de este año el stock de déficit de las provincias había llegado a 6.500 millones de pesos. Con el acuerdo de saneamiento fiscal, el stock de déficit del conjunto este año debería caer a 4.400 millones.
"Las provincias mejoran su recaudación propia y a la vez contuvieron el gasto primario", afirmó Arlía, al describir el panorama fiscal en el interior. No obstante, aclaró que se trata de una fase inicial del programa, ya que a su entender, se necesitaría asistencia financiera internacional para desplegarlo en su máximo potencial.
"Este es un punto de partida para que la agenda de las provincias tengan una base sobre la cual sustentarse", completó el funcionario.
La Ciudad
