Florencia O'Keeffe / La Capital
El gobierno santafesino, a través de la Secretaría de Obras Públicas, rechazó la mayoría de los reclamos presentados por Aguas Provinciales en el marco de la renegociación del contrato con la concesionaria. La empresa del grupo Suez presentó el pasado 7 de agosto un documento en el que exige, entre otros puntos, una compensación económica como consecuencia de la devaluación, pero la respuesta del gobierno santafesino fue muy dura, al desconocer los reclamos y calificarlos como inoportunos e improcedentes.
La Secretaría de Obras Públicas convocará en las próximas horas a los responsables de Aguas a una reunión en la que pretenden profundizar cada una de las respuestas que dio la provincia.
"Esto no significa, al menos de nuestra parte, que se traben las negociaciones sino todo lo contrario, esperamos ponernos de acuerdo", relató ayer a La Capital el secretario del área, Edgardo Berli, quien se limitó a hacer sólo esas declaraciones.
La evaluación completa que los técnicos de Obras Públicas hicieron del documento presentado por Aguas Provinciales quedó anoche a disposición de quien lo quiera leer en la página de Internet del gobierno de la provincia (www.santafe.gov.ar).
Allí sobresale el descargo que hace la provincia como integrante de la comisión renegociadora, de lo que considera "graves imputaciones" de la empresa, las que no sólo rechaza sino que, asegura, "merecen el más enérgico repudio".
Se queja expresamente de que Aguas "desconoce la permanente voluntad de colaboración, puesta de manifiesto desde el inicio de la concesión", y le recuerda a la compañía que en más de una oportunidad "aceptamos inversiones mínimas a lo que la concesionaria respondió con el no cumplimiento de lo convenido".
En el duro documento emitido por la Secretaría, la misma creyó oportuno aclarar de arranque que Aguas Provinciales hizo planteos en su pedido formal de principios de agosto que "no corresponden" pero que por "la gravedad de las imputaciones realizadas no podemos dejar de responder", y hasta califica de "inoportuno e inconducente" el accionar de la compañía. Estos son los principales puntos que se replican:
Garantías: En su presentación, Aguas solicita que se suspendan las condiciones impuestas en torno a las garantías contractuales las que, señala, fueron afectadas por la inestabilidad y los problemas que produjo la devaluación. El régimen previsto en el contrato obliga a la empresa a constituir una garantía de contrato en favor de la provincia de Santa Fe de 50.000.000 de dólares y otra garantía de operación de 10.000.000 renovables anualmente y ajustables en sus montos conforme a la inflación interna de los EEUU. La provincia destaca que la concesionaria se debe ajustar a las obligaciones del contrato y en caso de incumplimientos procederá a hacer los reclamos pertinentes.
Medidas de emergencia: Sobre la continuidad de la prestación del servicio, Aguas Provinciales destacó en el documento que presentó a la provincia, la necesidad de aplicar "medidas urgentes" para poder seguir prestando el servicio en forma normal. Reclama además al concedente (la provincia) la cobertura de "una brecha generada de casi 125.690.000 de pesos entre los flujos reales y los necesarios, solamente para el año en curso". Obras Públicas responde que más allá de las diferencias o no que puedan existir en las cifras reclamadas "no queda acreditado" que la provincia se tenga que hacer cargo de dicho desfasaje "por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión". En tanto hace alusión al riesgo empresario asumido por la empresa el que "no puede ser trasladado al concedente".
Tarifas: La compañía pidió a la comisión de renegociación que se aboque a su tratamiento en 30 días corridos desde su pedido formal. Si bien los técnicos de la provincia consideran que el lugar en donde se efectúa la solicitud para analizar las tarifas es el adecuado, señala que "la pretensión de que la comisión se aboque al tratamiento en 30 días es improcedente y merece ser rechazada" porque se encuentra corriendo un período de renegociación de 180 días.
Requisitos de capital: Hay diferencias entre las partes en lo que hace al compromiso de la empresa de mantener el capital social. El contrato exige un capital social mínimo de 60 millones de dólares. Como la empresa mantiene ese monto de capital social pero en pesos, la provincia reclama una recomposición del mismo, que quedó en 16.438.356 de dólares (a una cotización de 3,65) hasta el valor original.
Seguro de cambio: La empresa lo pidió pero la provincia no está dispuesta a concederlo. "De ninguna de las cláusulas surge que su tarifa se encuentre dolarizada ni protegida por un seguro de esa naturaleza, y no puede ni debe ser la ley de convertibilidad interpretada como tal", se le respondió.
En la última parte del escrito, la provincia pone el énfasis en destacar que "resulta manifiestamente inaceptable y absolutamente improcedente la formulación de cargos efectuados por la concesionaria al concedente", y no sólo se queda en el rechazo sino que asegura que ciertas imputaciones que le hace Aguas Provinciales "merecen el más enérgico repudio".
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