Año CXXXV
 Nº 49.583
Rosario,
martes  27 de
agosto de 2002
Min 11º
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cartas
El poder del impuesto

En oportunidad de encontrarnos en familia escuchando pontificar por televisión a un comunicador social, se consensuó en la mesa la siguiente teoría. En el supuesto caso que uno sufriera un robo en su domicilio y pudiera detener al ladrón, con su impuesto pagaría el mantenimiento de este sujeto en la cárcel y por ende su familia entraría dentro de los planes de contención social que se mantienen con el impuesto. En el supuesto caso que optando por utilizar su cuestionado derecho a defender la propiedad privada (base de nuestra sociedad) hiriera al ladrón, éste sería derivado a un sistema asistencial que se sostiene con el impuesto y el atracado tendría que pagar un abogado de su bolsillo, mientras que el ladrón sería defendido por un abogado que se pagaría con el dinero del impuesto (defensoría del pueblo). En el caso de quedar el atracado herido, será atendido en un sistema privado porque sería derivado al mismo por el servicio asistencial público, al no tener la posibilidad de demostrar su falta de capacidad económica (certificado de pobreza). En caso de muerte del ladrón, el atracado deberá demostrar, juicio de por medio, con abogado pagado, que fue en legítima defensa y sería juzgado por un cuerpo corporativo de justicia que es también sostenido con el impuesto. En caso de muerte del atracado, el ladrón sería juzgado por la corporación de justicia, defendido por un miembro perteneciente a la corporación de abogados, que son sostenidos con el impuesto del muerto. En caso que se demuestre su culpabilidad, recalaría en la cárcel sostenida con el impuesto y su familia sería mantenida por un programa de contención social pagado con el impuesto. La familia del atracado, ahora difunto, tendría que encarar los trámites de entierro, por el cual deberá pagar impuestos y realizar luego la sucesión de bienes, hecho que deberá realizar con el aval de un representante de la corporación de abogados y a través de la corporación de la justicia, previo pago del impuesto correspondiente y honorarios profesionales. Esto nos lleva a un razonamiento peligroso, para las corporaciones que viven del impuesto. Qué ocurriría si todos los sencillos ciudadanos se declararan en rebeldía, no pagaran sus impuestos, dejaran de trabajar y consumieran sin pagar.
Julio Ricardo Sánchez


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