Año CXXXV
 Nº 49.583
Rosario,
martes  27 de
agosto de 2002
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Un no rotundo al aumento de las tarifas en una audiencia pública

Concejales, representantes de los entes de control de empresas de servicios privatizadas y concesionadas, legisladores, organismos gubernamentales y no gubernamentales de defensa del consumidor y entidades intermedias expresaron ayer un enérgico rechazo a la pretensión de esas compañías de obtener sustanciosos aumentos de tarifas. Y lo hicieron ayer en una audiencia pública que tuvo lugar en el Concejo Municipal, donde se debatió extensamente sobre las tarifas y se unificó la negativa a los incrementos.
El encuentro fue encabezado por el concejal Raúl Lamberto, a cargo de la presidencia del cuerpo porque su titular, Luisa Donni, está a cargo de la Intendencia por el viaje de Hermes Binner a Suiza. "Los pedidos efectuados por las empresas nos causan una enorme preocupación", dijo Lamberto, escoltado por sus pares Analía Carrió, Omar Saab y Rubén Rosa, quien acompañó con su firma el proyecto final.
."Es muy importante la incidencia de las tarifas de servicios públicos, sobre todo en los segmentos de menores recursos. Los niveles de ganancia que obtuvieron durante los últimos años las empresas privatizadas superaron en algunos casos (como las telefónicas) en diez puntos y más la media anual internacional", sostuvo Rosa.
De la audiencia participaron además el diputado nacional Héctor Polino, el delegado regional del Ente Nacional Regulador del Gas, Luis Moriondo, y un representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Pedro Bluma. También asistieron los titulares de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, Carlos Comi; de la delegación de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, Cristian Galindo, y de la Mesa Coordinadora de Jubilados, Enrique Gigena, así como otros concejales, funcionarios municipales y miembros de asociaciones vecinales, organismos no gubernamentales y de defensa al consumidor.
Los que brillaron por su ausencia, en cambio, fueron los funcionarios de las empresas de servicios cuyo reclamos de aumento de tarifas fueron justamente el eje del debate.
Polino presentó la problemática. Básicamente, explicó que tras la pesificación de las tarifas se creó una comisión para renegociar los convenios, presidida por el ministro de Economía. De allí debía salir un dictamen antes del 31 de julio para someterlo a audiencia pública y finalmente remitirlo a la comisión bicameral para que se emitiera otro dictamen no vinculante.
Sin embargo, las trabas abundaron. Por ejemplo, detalló el diputado, los representantes del Ejecutivo fueron reemplazados tres veces y no se dio participación a los consumidores. Luego también se autorizó a las empresas a reducir sus inversiones y se dejaron sin efecto las multas por irregularidades en las prestaciones, lo que implicó "un aumento encubierto".
Las propuestas para resistir los aumentos que salieron de la audiencia fueron variadas: eliminación del IVA a los servicios esenciales, protestas a través del no uso de esos servicios, resistencia civil activa, depósitos judiciales, realización de un plebiscito para que se rescindan ciertos contratos en la provincia y hasta una rebelión fiscal.


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