"¿Sabés lo que resulta de la ecuación juez, más TOE, más nosotros? Te dijimos que estabas boleteada desde el primer día. En poco tiempo más vas a tener la respuesta". Dos semanas después de leer esa amenaza en un papel arrojado al frente de su casa, la militante social Susana Abalo recibió la anunciada respuesta. Una pareja la golpeó y la sometió a una "sesión de tortura a domicilio", tal como definió el ataque su compañero de militancia Omar Isern, quien junto a la mujer y otros compañeros recibió intimidaciones telefónicas un mes antes del hecho. Ahora las Tropas de Investigaciones Especiales (TOE) de la policía determinaron que esas llamadas partieron de la capilla San Francisquito, cuyos integrantes trabajan con las víctimas. Los amenazados sostienen que esa información tiene una "clara intención" de incriminarlos y vinculan el caso con otras agresiones a integrantes de organismos de derechos humanos.
El brutal ataque al que fue sometida Abalo, una mujer de 46 años que sufre esclerosis múltiple y no puede caminar, tuvo su antecedente inmediato en las llamadas que recibió el 17 de julio pasado. El mensaje, con risas sarcásticas de fondo, decía: "Lisiada de mierda, Barba, Rulo. Les avisamos que están boleteados". Barba hacía referencia a Isern, integrante del Grupo Angelelli, y Rulo es el sobrenombre de Raúl Ríos, quien milita con Abalo en la agrupación Mensajeros de Jesús. El mismo día y casi a la misma hora, los dos recibieron la misma amenaza.
Las intimidaciones siguieron luego de que los afectados hicieran la denuncia judicial. "Por más que hagan el paseo a Tribunales, al final nos van a encontrar. Estamos preparándoles algo", rezaban las grabaciones con voces de hombre o de mujer reproducidas a alta velocidad o en forma lenta. Todos los mensajes remataban del mismo modo: "¿Entendiste?".
Simultáneamente fue amenazado Enrique Font, coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Abogacía de la UNR. Uno de los Foros de Convivencia que coordina Font en el marco del proyecto "Comunidades justas y seguras" es en villa Banana. Allí es donde una voz desconocida le reclamó, por teléfono, que no concurra más.
Siniestro
La investigación quedó en manos de las TOE y no hubo más llamados hasta el 7 de agosto, fecha en que Abalo recibió en su casa el mensaje que encabeza esta nota. El escrito incluía un fragmento de un reportaje formulado dos años atrás a una mujer, durante un corte de calle, para el boletín Gran Rosario. La entrevistada criticaba a la entonces secretaria de Promoción Comunitaria Roxana Latorre por el manejo de los planes de empleo, aunque el reportaje nunca fue publicado.
"No sabemos si esa referencia a Latorre es porque quieren aparecer en su defensa o es para confundir. No descartamos que esto provenga de una agrupación poltica, pero no podríamos señalar a alguna en particular", sostuvo Isern.
La amenaza se concretó el miércoles pasado cuando, sin forzar aberturas, una pareja entró a la casa de Abalo. El hombre portaba un revólver y la mujer un arma blanca. La militante vio que eran adultos pero no pudo observar sus rostros porque le volaron los lentes de una trompada. Después perdió el conocimiento varias veces a causa del dolor.
Según relataron sus compañeros, los desconocidos tapizaron el piso del dormitorio con ropa de cama, desnudaron a la mujer, la vejaron y torturaron. "Se pusieron guantes de cirugía e hicieron un simulacro de que la iban a cortar", relató Font. "Era gente que sabía cómo no dejar huellas", apuntó Isern. Luego de un día de internación, la mujer fue dada de alta con el rostro desfigurado por los golpes.
"Las amenazas ocurrieron dentro de su casa, cuando las TOE estaban investigando y cuando el juez (Daniel Acosta) había pedido a esa repartición que la custodiaran", continuó Font. Era el único momento "en un mes y pico" en que Susana estuvo sola.
A esto se suma el sorprendente informe telefónico obtenido por las TOE, el cual señala que las llamadas salieron de la capilla San Francisquito. Si bien es posible realizar llamadas desde un número ajeno a partir de un simple procedimiento técnico, Font asocia el caso al de la abogada Matilde Bruera, quien recibió intimidaciones telefónicas que pretendieron ser adjudicadas al entonces concejal Daniel Luna, reconocido defensor de los derechos humanos. "Hacer circular esa información -siguió Font- tiene una clara intención de incriminarnos, de quebrar nuestro trabajo".
Por las características del caso y la mecánica de la agresión, los militantes consideran que el hecho es obra de "un aparato con una estructura de poder y con manejo de dinero". Y que no se trata de un hecho aislado. "Esta es una lógica que tiene el sello de los servicios (de inteligencia): apretar a los activistas porque consideran que la gente no se moviliza por sí sola". Para Font, el caso empalma además con la represión de diciembre y con otros ataques similares -"todos impunes", aclaró- ocurridos en la provincia.
La Ciudad
