Denis Tessou
Madrid. - El juez español Baltasar Garzón, que mañana decidirá seguramente la suspensión de las actividades de la coalición independentista vasca radicalizada Batasuna, se adelantó al gobierno del conservador José María Aznar en su carrera por apartar al brazo político de ETA del mapa político español.
El Ejecutivo de Aznar multiplicó las iniciativas contra los apoyos al terrorismo, siguiendo los pasos de las medidas adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre en Estados unidos. Al frente de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2002, Madrid impulsó la adopción de una lista de organizaciones terroristas y la orden de detención europea.
En España aceleró un procedimiento parlamentario de urgencia que a fines de junio desembocó en la aprobación de la nueva ley de partidos políticos, que contempla la prohibición de formaciones que den su apoyo activo o tácito al terrorismo, con el objetivo de ilegalizar a Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA.
Paralelamente, el mediático juez español y candidato al Nobel de la Paz 2002, Baltasar Garzón, célebre por haber logrado en 1998 que el ex dictador chileno Augusto Pinochet permaneciera detenido 17 meses en Gran Bretaña, declaró fuera de la ley a las asociaciones de la izquierda nacionalista vasca que considera integrantes del "entramado terrorista" de ETA, responsable de más de 800 asesinatos en 34 años.
La ofensiva del 98. La instrucción judicial que Garzón inició en 1998 sobre el entorno de la organización armada vasca permitió la detención de más de 100 personas y la clausura ese año del diario vasco Egin y de su radio Egin Irratia.
Al mismo tiempo, el magistrado proscribió a las asociaciones Kaki, que considera parte del aparato de relaciones internacionales de ETA, Ekin (como estructura política de ETA en España), Haika y Segi (denominaciones sucesivas de las asociaciones de la juventud extremista vasca), Gestoras pro Amnistía y Askatasuna (denominaciones sucesivas de las entidades de apoyo a los presos de ETA).
Apenas el gobierno publicó en el boletín oficial a fines de junio la nueva ley de partidos, el juez Garzón cerraba el cerco alrededor de Batasuna, en julio y agosto, al decretar un embargo por más de 26 millones de euros (casi lo mismo en dólares), por la presunta responsabilidad civil del brazo político de ETA en la "kale borroka" (la violencia urbana) en el País Vasco.
Mañana, también el Congreso. El 10 de agosto, un portavoz del gobierno anunció la convocatoria para el 26 de este mes (o sea, mañana) de un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del que saldrá una moción pidiendo al Ejecutivo que presente ante el Tribunal Supremo -máxima instancia judicial española- el pedido de ilegalización de Batasuna. Esa coalición separatista vasca es un partido legal desde 1986 y representa a más del 10% del electorado vasco.
Entretanto, el gobierno encomendó al fiscal general del Estado que presente una demanda similar ante el Tribunal Supremo, que tendrá lugar la primera semana de septiembre.
Sin embargo, el juez Garzón ganó de mano una vez más. Y el viernes obtuvo el apoyo de la fiscalía de la Audiencia Nacional -principal instancia penal- para ordenar la suspensión provisional de las actividades de Batasuna, que puede prolongarse por cinco años.
Fortalecido por el apoyo de la fiscalía, Garzón oficializará, probablemente mañana, su decisión de suspender las actividades de Batasuna, luego de escuchar a los inspectores de policía que elaboraron un informe sobre los vínculos entre Batasuna y ETA. Garzón empañará así el debate parlamentario convocado por gobierno, pues el procedimiento paralelo de solicitar la ilegalización de Batasuna al Tribunal Supremo recién podrá ser efectiva a fin de año, es decir tan sólo meses antes de las elecciones municipales previstas para la primavera (boreal) de 2003. (AFP)
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La Ciudad
