El gobierno analiza la instrumentación de un bono para restituir el 13% descontado en el último año a los empleados públicos, en caso de que los efectos del fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del recorte se generalicen. Golpeados por la sorpresiva sentencia, los funcionarios más cercanos al presidente Eduardo Duhalde evitaron politizar el tema y aseguraron que cumplirán con la ley. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió que la decisión del máximo tribunal puede complicar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La única voz de guerra que se levantó en medio del bajo perfil por el que optaron la mayoría de los funcionarios, fue la de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, quien denunció que el gobierno "es atacado permanentemente por distintos sectores del poder" (ver aparte).
El presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, mantuvieron un prolongado encuentro en la Quinta de Olivos analizando las consecuencias que tendrá el cumplimiento de muchas demandas que aguardan un pronunciamiento judicial.
El jefe del Palacio de Hacienda dijo que, en principio, la medida tendría un impacto "muy moderado" sobre la política fiscal y señaló que no modificará las previsiones de superávit incluidas en el presupuesto 2002. Sí admitió que "más que dificultades de orden estrictamente económico, que son manejables, la medida genera un ruido político importante". El recorte de salarios instrumentado durante la gestión de Fernando de la Rúa implica un ahorro mensual de 200 millones de pesos.
El ministro, que espera el lunes recibir los comentarios del jefe del FMI, Horst Köhler, a la carta de intención que envió la semana pasada, descuenta que el organismo hará observaciones sobre el impacto que tendrá el fallo de la Corte en las cuentas públicas. "El fallo de la Corte fue inesperado y nos complica la negociación con el Fondo, ahora hay que esperar la respuesta a la carta de intención", explicó un portavoz oficial.
En el gobierno admiten que la resolución abre el camino para que otros miles de estatales hagan presentaciones similares para recibir el mismo beneficio.
En números, el fallo de la Corte le implica al gobierno unos 2.250 millones anuales que el Estado se ahorraba con el recorte del 13 por ciento, un gasto no previsto que tendrá seguramente incidencia, según dicen en la Casa Rosada, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Actualmente existen 90 mil sentencias con medidas cautelares de jubilados que presentaron el correspondiente reclamo ante los tribunales y que el gobierno deberá ahora abonar.
En el caso de los jubilados del sector estatal, el director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), Sergio Massa, sostuvo que el organismo cuenta con los fondos necesarios para hacer frente "a partir del mes próximo" a la restitución del 13% para los 30 mil jubilados y pensionados que cuentan con sentencia judicial. Adelantó que el retroactivo se haría efectivo "en cuotas".
Massa aclaró que de 540 mil jubilados que sufrieron el descuento a comienzos de 2000, sólo 90 mil están comprendidos en el dictamen de la Corte y, de ellos, 60 mil ya venían cobrando por anteriores resoluciones de la Justicia.
El impacto
Lavagna también apuntó a minimizar el impacto fiscal del fallo. "El impacto será moderado, el que ya tenga sentencia será satisfecho en la forma en que la sentencia lo diga, pero las sentencias pasarán por distintas instancias, serán apeladas y ahí el proceso es largo", dijo.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, también aseguró que el gobierno "va a acatar" el fallo de la Corte, aunque al mismo tiempo aclaró que el Estado "no tiene recursos" para "hacer frente a este gasto".
Por otro lado, evitó entrar en el análisis político de la sentencia. "El gobierno no siente que se dé esta situación", respondió Atanasof cuando se le preguntó si la decisión de la Corte era una presión para que se frene el proceso de juicio político que se le sigue a sus miembros en la Cámara de Diputados.
El ministro de Seguridad y Justicia, Juan José Alvarez, opinó lo mismo. Dijo que la decisión del máximo tribunal "está absolutamente desvinculada de cualquier interpretación política".
Más allá de la tranquilidad que intentaron exhibir las principales espadas de Duhalde, lo cierto es que el gobierno quedó golpeado con la ofensiva judicial y ahora analiza cómo enfrentar la crisis. Según trascendió, una de las alternativas que se analizaba era implementar por decreto un nuevo recorte del 13%, en un intento por neutralizar los efectos del fallo de la Corte.
Lavagna se comprometió ante el Fondo Monetario a cerrar el año con un superávit primario de 2.500 millones de pesos y tanto el default como el congelamiento de salarios públicos es uno de los factores claves de esa decisión.
La Ciudad
