La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina confirmó la participación del arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni, en la 132ª reunión de la Comisión Permanente, que reúne a una veintena de obispos de todo el país. Storni llegó para la sesión de la tarde, cuando se estaba evaluando el proceso del denominado Diálogo Argentino, según afirmó a La Capital el vocero de la institución eclesiástica, Héctor Garabal.
El arzobispo santafesino fue como delegado de la provincia eclesiástica de Santa Fe y llegó solo, alrededor de las 16, a la sede de Suipacha 1034. Las reuniones, que comenzaron ayer y se extenderán hasta mañana, son presididas por el arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Esteban Karlic, y cuentan con la presencia, en su carácter de vicepresidente, del arzobispo rosarino Eduardo Mirás.
Entre el temario a tratar a lo largo de las jornadas, la oficina del Episcopado mencionó "la metodología para el proceso eleccionario que tendrá lugar en la 84ª asamblea plenaria del 11 al 16 de noviembre, en la que se renovarán todos los cargos", y además "se estudiará cómo marcha la actualización de las líneas pastorales para la Nueva Evangelización".
Asimismo, se abordarán cuestiones como la revisión de resoluciones pendientes al finalizar el trienio; la aprobación de las traducciones de textos litúrgicos; reforma de los estatutos del Secretariado Nacional de Liturgia; estatutos de encuentros matrimoniales y la Colecta Nacional "Más por Menos".
Sin embargo, no escapará a la charla informal las turbulencias provocadas por los presuntos casos de abuso sexual cometidos por hombres de la Iglesia. Si bien la cuestión se mantiene en la más estricta reserva, un portavoz confió que "de comprobarse alguna irregularidad, existe el consenso suficiente como para aplicar la "tolerancia cero" promovida por el Papa Juan Pablo II".
Según se pudo saber en este sentido, "los primeros días de agosto pasado hubo una reunión reservada de especialistas en Derecho Canónico para encarar la problemática de los delitos más graves", entre los que se contemplaron los sexuales y los cometidos contra menores.
Los canonistas resolvieron -según develó la fuente- que de presentarse casos de esta significancia moral, "se aplicará todo el rigor jurídico. Es decir que, ante una simple sospecha de abuso para con un menor, cabe la expulsión del estado clerical", puntualizó sin dudar el referente eclesiástico consultado.
Presentación socialista
Mientras tanto en Santa Fe, los diputados socialistas Eduardo Di Pollina, Alfredo Cecchi y Aurora Baudín pidieron al procurador fiscal que se investigue todo lo que está publicado en el libro "Nuestra Santa Madre", de Olga Wornat, durante una presentación que hicieron ayer ante el fiscal de turno, José Luis Paz, en torno a las denuncias contra el arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni.
Al margen de la presentación judicial, el bloque del PSP ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informes solicitando al Ejecutivo provincial "la nómina de funcionarios e instituciones de la Iglesia Católica y demás congregaciones religiosas a las que desde distintas áreas se asistió desde 1991 a la fecha con ayudas económicas en dineros o bienes y el destino de las mismas.
El requerimiento presentado ante la Justicia se basa en la investigación iniciada por orden del Vaticano en 1994 sobre abuso sexual, corrupción y violación a cargo de monseñor José María Arancibia, que recientemente fue reflejado en el libro de Wornat.
En la presentación de los legisladores se solicita al fiscal que requiera por vía diplomática el mencionado informe a la Santa Sede y que posteriormente cite a declarar a monseñor Arancibia, actual arzobispo de Mendoza, lo mismo que a la escritora Wornat.
Al mismo tiempo, Di Pollina calificó de ridículas las versiones sobre una posible "conjura contra Reutemann por intereses del sur santafesino montándose sobre el escándalo en el Arzobispado", y sostuvo que se está intentado una defensa "utilizando estos mecanismos absurdos que ya ni a los inocentes convencen".
"Sostener que desde aquí se lo quiere perjudicar a Reutemann es ridículo, pero hace suponer que se está ensayando algún tipo de defensa de esa naturaleza", insistió el legislador. Opinó que todo compromiso que pudo haber existido en algún momento sobre alguna legislación con monseñor Storni puede salir a la superficie con este escándalo, al tiempo que advirtió que no existe intencionalidad política de parte de su bloque y que por el contrario "se trata de nuestra obligación institucional ante hechos de esta naturaleza".
Sin cortocircuitos
"Evidentemente cuando se abre una investigación de este tipo seguramente van a aparecer una serie de elementos a los que se les puede querer adjudicar un cierto grado de intencionalidad política, y aquí lo que se pretende es que la Justicia funcione como corresponde, y que estos posibles delitos se esclarezcan", insistió.
Di Pollina también dejó en claro que por el momento el tema no ha provocado cortocircuitos en la Cámara de Diputados, ya que incluso él había hablado con diputados del oficialismo y de la oposición, muchos de los cuales manifestaron su satisfacción ante la decisión tomada por su bloque.
El legislador afirmó que en la publicación existe una gran cantidad de denuncias, no solamente aquellas que tienen que ver con lo sexual, sino también las de orden económico y las de padres hechas ante Unicef, razón por la cual solicitaron que la investigación "sea total y amplia, y que el fiscal tome todos los temas para investigar".
"Hay otros cargos, como imputaciones por determinados manejos económicos oscuros, que también contemplamos en el escrito que presentamos a la Justicia, para que el fiscal investigue en todos sus aspectos y no se limite al delito de orden sexual posible que pudo cometer el arzobispo", precisó.
La Ciudad
