La compleja relación fiscal entre Nación y provincias en torno al régimen tributario de coparticipación y la duda sobre qué impuestos debe recaudar la Nación y cuáles las provincias es una discusión que posterga las definiciones en torno a un tema que el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores se comprometieron en abril último a resolver dentro de los 90 días pero que por ahora sigue muy verde.
Las principales críticas al sistema vigente se centran en la forma en que se reparten las responsabilidades y recursos entre el gobierno nacional y las provincias. También están en la picota toda la estructura de impuestos nacionales y la financiación del sistema de seguridad social.
El Ieral de la filial local de la Fundación Mediterránea elaboró un diagnóstico y propuestas para intentar solucionar el intríngulis y uno de los puntos de partida es la necesidad de aumentar el grado de correspondencia fiscal. Una de las mayores limitaciones de las finanzas públicas nacionales es el bajo grado de correspondencia fiscal o desequilibrio vertical, que se manifiesta en la baja relación "Ingresos tributarios provinciales propios/Total de ingresos".
Para ello, la Mediterránea aconseja descentralizar tributos o bien crear otros a nivel provincial, de forma que las provincias cubran una mayor proporción de sus gastos con recursos propios.
Con respecto a los principales impuestos del orden provincial, como son ingresos brutos y sellos, se irían eliminando gradualmente en función de los aumentos de recaudación obtenidos por disminución de la evasión, mientras que para el impuesto inmobiliario podría analizarse su fusión con el impuesto a los bienes personales, eliminando los mínimos no imponibles.
La viabilidad de la propuesta se sustenta en el cálculo de que la evasión del IVA en el año 2000 se estimó en un 41,6%, que equivale a 13.514 millones de pesos (en la paridad uno a uno), una cifra superior a la recaudación total de impuestos de las 24 jurisdicciones del país en ese mismo año, unos 10.847 millones.
Si se tiene en cuenta que en las jurisdicciones más grandes como Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, dónde se genera el 77,3% del PBI y el 74,5% de la recaudación, se liberara a los agentes de las respectivas direcciones provinciales recaudadoras a la tarea de fiscalizar impuestos nacionales, supervisados y auditados por los agentes de la Afip, se podría lograr una reducción sustancial de la evasión fiscal y se habrá avanzado de esta forma hacia el equilibrio presupuestario permanente de las provincias y hacia una mayor justicia en la carga tributaria a lo largo de todo el país.
El estudio prevé en el caso que las provincias lograran autofinanciarse, que para aumentar el gasto deberían "incrementar los impuestos, por lo que sus propios contribuyentes pagarían el costo de oportunidad de disponer de un mayor gasto público y, por ello, serían más cuidadosos al momento de votar el nivel del gasto público o al controlar a los encargados de decidirlo y ejecutarlo". Y lo mismo podría decirse de los municipios.
"Esto ocurriría si el conjunto de gobiernos provinciales mantuviera el mismo porcentaje de correspondencia actual, pero con una estructura de financiamiento que descanse más fuertemente en impuestos directos, visibles que indirectos, invisibles, o que, dentro de los indirectos, se elija a aquellos que, siendo posibles de administrar por los gobiernos provinciales (y que no causen distorsiones en la economía) resulten más visibles a los contribuyentes".
Pero, para lograr la correspondencia "cualitativa", debe además cumplirse un requisito extra: que el sistema de transferencias a provincias resulte más racional que el actual y que, entre otras cosas, deje de ser procíclico, y contemple un mecanismo por el cual un aumento de transferencias a provincias no se convierta inmediatamente en mayor gasto fiscal.
Para Argentina, el Ieral plantea que el envío fiscal "cualitativo" podría justificar que se mantenga la actual relación entre recursos propios y gasto provincial, o que empeore levemente, con una reforma impositiva por la cual las provincias graven los stocks -inmuebles y automotores-, entre otros, con mayor presión y progresividad que la actual, y eliminen el escaso efecto cascada remanente en las principales provincias en materia de ingresos brutos, reemplazándolo por otro impuesto indirecto, neutral y más visible, con alícuota moderada y uniforme, como podría ser un impuesto a las ventas finales.
Cómo ordenar el caos
Otra de las debilidades del sistema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias, es la existencia de varios regímenes, que utilizan distintos criterios para distribuir los recursos.
"No existe un criterio objetivo y racional de reparto. Las mayores diferencias se observan en cuanto a los criterios de distribución secundaria de los importes que superen los montos que actualmente perciben cada una de las provincias, ya sea de la coparticipación como de las transferencias restantes", expresa el trabajo.
La mayoría de las propuestas estudiadas por los economistas coinciden en la necesidad de la existencia de una institución que fiscalice y mejore el funcionamiento del nuevo régimen de coparticipación. Pero existen discrepancias en torno a las atribuciones que debe tener el nuevo organismo, en particular, si debe tener carácter consultivo o resolutivo en materia fiscal.
Existe otro grupo de proyectos que buscan lograr una mayor correspondencia fiscal en la relación Nación-provincias, mediante una fuerte descentralización tributaria. En este grupo se destaca el trabajo de Juan José Llach, que propone la completa separación de fuentes tributarias entre los tres niveles de gobierno, estableciendo un mecanismo de compensación de desequilibrios regionales.
La opinión del Ieral en este sentido es que la antigüedad del problema de la coparticipación Nación-provincias y la indefinición acerca de cuál puede ser su mejor solución, demuestra que la heterogeneidad de los territorios así como las diferentes capacidades y calidades de los gobiernos provinciales para recaudar hacen prácticamente imposible encontrar una solución que satisfaga a todos.
"Por lo tanto, debe abandonarse la búsqueda de fórmulas ingeniosas para la distribución secundaria de los impuestos y los excedentes de impuestos, o transferir a la Nación algunos impuestos y otros a las provincias, sin coparticipación".
En este sentido, se propone que "la Nación delegue en las provincias el cobro de todos los impuestos nacionales, reservándose las tareas de inteligencia fiscal a nivel nacional y de auditoría de los organismos recaudadores provinciales". De esta manera existirá un único conjunto de impuestos, homogéneo "para todo el territorio argentino, que será repartido hasta el monto que se está recaudando, en la misma proporción actual para cada una de las jurisdicciones", se concluye.
La Ciudad
