Año CXXXV
 Nº 49.576
Rosario,
martes  20 de
agosto de 2002
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Profesores de Derecho Penal contra el aumento de penas
Piden prudencia y racionalidad para combatir la inseguridad
Presididos por Eugenio Zaffaroni, los docentes dijeron que hay un "carnaval de propuestas" poco serias

Carlos Duclós / La Capital

"El incremento de las penas no ha evidenciado ser el medio idóneo para garantizar mayores niveles de seguridad", acaba de manifestar en la ciudad de Córdoba la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal que preside el penalista Eugenio Zaffaroni, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Más de cincuenta catedráticos de todo el país hicieron un "llamado a la prudencia y la racionalidad" a la dirigencia argentina que por estas horas procura atenuar los efectos del delito aplicando mayores penas. En un diálogo con La Capital el vicepresidente de la Asociación, el profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, Daniel Erbetta, dijo que "asistimos a un carnaval de propuestas de reformas penales que son alarmantes, en primer lugar porque implican una violación inaceptable de la Constitución que los legisladores juraron respetar y después por las groseras deficiencias de elaboración".
Erbetta sostuvo que "a todos estos problemas el Congreso Argentino y muchos candidatos y políticos pretenden resolverlo mágicamente acudiendo al recurso del simbolismo penal. ¿Qué significa esto? Que dada la incapacidad para dar respuestas reales y eficaces se ha acudido a un perverso recurso que es hacerle creer a la gente que la mayoría de estos problemas se solucionan sancionando leyes penales y liquidando por vía legislativa garantías constitucionales que se sugieren como enemigas de la seguridad".
Añadió que "los legisladores que así actúan deberían avergonzarse porque difícilmente puedan decir que no saben lo que hacen. Creo que saben perfectamente que están haciendo un desastre, porque conocen muy bien que con aumentos de penas o más leyes penales no se evitan las muertes de policías o la reiteración de secuestros. Hace poco se endurecieron las penas por los homicidios de policías -recalcó- y sin embargo siguieron produciéndose en mayor cantidad".
-¿Sugiere que se busca un camino fácil pero no efectivo?
-Los legisladores que así actúan o los candidatos que, por ejemplo, proponen pena de muerte o mano dura deben saber que son unos irresponsables y que están jugando con la gente porque apelan a un discurso y a un recurso que sólo proporciona sosiego pero que no resuelve los problemas y, lo que es peor, desestimula la búsqueda de soluciones reales. Son vendedores de ilusiones que con lo que venden ocultan y demoran la urgencia de las soluciones reales. Y claro, lo más grave es que lo hacen tratando de congraciarse con la gente y de buscar votos. Este fenómeno (el uso político del derecho penal como instrumento de comunicación) es tan perverso que basta señalar que nunca hubo tantas leyes penales como las actualmente vigentes, con lo cual en la propia lógica de estos legisladores ya no deberían ocurrir hechos delictivos y sin embargo la propia realidad se encarga de demostrar la falsedad de este discurso y de este proceder.
-¿Es falsa la tesis de que a mayor criminalidad se requiere más dureza en las leyes penales? ¿Cuál es la salida entonces?
-La seguridad es un problema grave que debe asumirse como problema real y no como discurso simbólico. Esta idea de que a mayor inseguridad más leyes penales es científicamente falsa. Muchos políticos están apelando a este discurso simbólico. Deberían ocuparse de buscar instrumentos para que haya más seguridad y estabilidad económica, más seguridad social, más empleo para la gente, más programas de salud, de vivienda y de educación y específicamente diseñar estrategias de prevención y seguridad comunitaria. La política criminal de un Estado democrático en serio no se configura a partir de reacciones espasmódicas y menos aún bajo presión de algunos periodistas o de la opinión pública. Cuanto más se habla de derecho en una sociedad es porque menos se cree en él y los legisladores y políticos que frente a cada hecho violento proponen una reforma penal provocan un grave daño institucional al contribuir a una cada vez más grande pérdida de confianza en el sistema jurídico.
-Tal vez usted observa el problema desde un punto de vista excesivamente garantista.
-Que nadie se confunda, porque parece que ahora ser garantista es mala palabra. Pareciera que garantismo es inseguridad y esto es una falacia. La seguridad es una demanda legítima de la gente y los sentimientos de las víctimas también son justificables así como que la Justicia debe, si hay pruebas, dar respuestas rápidas pero cuidado: creo que es necesario que se sepa que el sistema penal vende más ilusiones que realidades y que sin negar la realidad el fenómeno de la violencia y la inseguridad es también hoy un fenómeno político y comunicativo. Si esta idea se difundiera mucho avanzaríamos como sociedad porque sería mucho más difícil hacer política mediante la dramatización de la violencia y el uso de leyes penales.


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